El tribunal excluye del comiso de los bienes de Pinilla cuatro lingotes de oro y sus joyas

La extensa sentencia del caso de La Muela recoge penas de prisión, multas e indemnizaciones pero también el comiso de bienes de los condenados. En el caso de María Victoria Pinilla, el tribunal de la Sección Primera no considera que haya quedado acreditado que los cuatro lingotes de oro que la Policía encontró en la caja fuerte del gerente de Aranade, Julián de Miguel, y cuya propiedad atribuyó a la exalcaldesa sean de procedencia ilícita. Lo mismo dice de sus joyas y, por lo tanto, excluye estos valiosos objetos del comiso de sus bienes y los deja "a resultas de la causa". Es decir, a expensas de la resolución que el Tribunal Supremo alcance en su día cuando se pronuncie sobre este complejo caso de corrupción.

Durante el registro, la Policía se incautó de relojes suizos de lujo como cuatro de la marca Omega, un Frank Muller, dos Breitling, un Zenith, un Hublot o un Longines. También hallaron gargantillas, pulseras, anillos, pendientes, brazaletes, gemelos y colgantes, que la familia guardaba en la caja fuerte de su casa. Los agentes hicieron un apartado para los bolígrafos y estilográficas, entre los que destacaban una pluma Montblanc o un mechero Dupont. Mientras, los lingotes de oro fueron valorados en 23.000 euros cada uno.

Los magistrados dejan todo esto fuera del comiso solicitado por la fiscal del caso, Victoria Esponera, aunque sí acceden a requisar su propiedad en Sotogrande y los ocho aparcamientos y el local que compraron en La Muela a inmuebles El Raso entre 2006 y 2008, así como la casa de campo que adquirieron en la República Dominicana. La mansión, situada en La Romana, está construida en una finca de 2.300 metros cuadrados y fue adquirida en 2005 por unos 300.000, según el contrato de compraventa. Los Embarba-Pinilla tenían contratado personal de mantenimiento y limpieza, lo que le suponía un coste mensual de unos 2.500 euros. En cuanto al chalé de Sotogrande, ubicado en un complejo exclusivo del municipio gaditano de San Roque, la exalcaldesa desembolsó 553.900 euros por él en mayo de 2003.

En el caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, estos bienes inmuebles serán tasados y subastados para hacer frente a las numerosas multas e indemnizaciones que deberá hacer frente la exalcaldesa. Solo las multas suman casi diez millones de euros.

El abogado de la exalcaldesa, Santiago Palazón, puntualizó ayer que antes de acudir al Supremo va a solicitar al tribunal "aclaraciones" y "subsanaciones" de errores que ha apreciado en la sentencia. Uno de ellos es que se le condena y se le absuelve por el mismo delito de tráfico de influencias –por llamadas a políticos para que mediaran en la comisión de urbanismo del Gobierno de Aragón para sacar adelante un proyecto de La Muela–, algo que es incongruente. Por este delito se le impone una pena de nueve meses de prisión, inhabilitación para cargo público por cuatro años y multa de un millón y medio de euros.

Por su parte, Ricardo Pina, abogado del Ayuntamiento de La Muela, manifestó ayer que van a estudiar la sentencia para recurrir sobre todo la cuestión de la responsabilidad civil, punto en el que se han sentido muy decepcionados ya que el tribunal solo la ha valorado en 300.000, cuando estaban pidiendo cuatro millones. El Consistorio se siente perjudicado en la cantidad que reclamaron sus letrados y aunque la deuda que se encontraron en las arcas municipales en 2011 asciende a 30 millones de euros, solo podían reclamar la que estimaban probada por las operaciones inmobiliarias que se hicieron en Urcamusa Norte y en la sexta fase del polígono de Centrovía y que perjudicaron al Ayuntamiento.