La DGA refuerza la seguridad contra el lindano en los pueblos que beben del río Gállego

Dos años después de que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) tuviera que blindar a toda prisa los abastecimientos de casi una decena de municipios que beben del Gállego, a raíz de la crisis que les dejó durante semanas sin agua de boca, se acaban de adjudicar por casi 140.000 euros los últimos trabajos para reforzar las medidas de protección contra el lindano. Tras pequeñas actuaciones en el resto de localidades, estas obras, de mayor entidad, afectarán a Ardisa y Caldearenas y sus núcleos, aunque todos los alcaldes coinciden en que son solo "parches".

Estos trabajos, recuerda el Gobierno de Aragón, responden a la preocupación mostrada el pasado verano por los municipios afectados sobre la dificultad "técnica y económica" de mantener las instalaciones de carbón activo que se colocaron en el marco de las actuaciones de emergencia desarrolladas en octubre de 2014. Allí, los responsables del IAA se comprometieron a asumir la asistencia técnica de esos sistemas, así como un estudio de abastecimientos alternativos a la captación desde el Gállego. El informe con las distintas opciones para garantizar el agua de calidad a estas localidades ya está en manos de los ayuntamientos, aunque la DGA defiende que es suficiente con intensificar el control sobre las actuales captaciones, teniendo en cuenta además que las nuevas tomas desde Sabiñánigo y el canal de Bardenas podría costar hasta 12 millones de euros. Son obras "caras para tan poca población", afirman. Los once núcleos afectados suman 863 vecinos.

Tras la adjudicación de los contratos, se prevé que en las próximas semanas comiencen las obras de mejora de los abastecimientos de Caldearenas (y sus núcleos de Javierrelatre, Latre, Estallo y Anzánigo) y Ardisa y su pedanía de Casas de Esper. En ambos casos, los contratos incluyen tanto la redacción del proyecto como su ejecución para reforzar la filtración que ya se aplica desde 2014 en las tomas de agua, mediante carbón activado granular, y garantizar así un mantenimiento "seguro y fácil". Además, se formará al personal que designen los responsables de los respectivos ayuntamientos. Las empresas adjudicatarias tienen en cada caso tres meses para ejecutar las obras, más 20 días para elaborar el proyecto.