El Supremo obliga a la DGA a pagar 3,3 millones de sobrecoste en la autopista autonómica
Da la razón a la concesionaria, liderada por Acciona, que adujo una negligencia al tramitarse el enlace con la AP-2. El Gobierno tiene otro litigio con la empresa por la sanción que le impuso tras romperse la vía en la última gran riada.
La autopista autonómica se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. A sus problemas para encontrar una fórmula que le permita salvar la concesión de una quiebra millonaria, sino que ahora tiene que pagarle directamente 3,3 millones de euros a las empresas que explotan la ARA-A1 por sobrecostes que se remontan a la época de su construcción, que se remonta al año 2008.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya emitió en la primavera del año pasado, cuando dio parcialmente la razón a la concesionaria de la autopista del Ebro, una unión de empresas liderada por Acciona y participada por Brues y Arascón. Entonces, ya consideró que el entonces Ejecutivo PSOE-PAR fue negligente en el momento de tramitar el enlace con la AP-2 y, entre otros, también en el momento de facilitar el acceso a parte del material. En el primer caso, la responsabilidad recaía en la Consejería de Obras Públicas (entonces en manos del PSOE) y en el segundo caso correspondía al Inaga (organismo autonómico controlado en ese momento por el PAR).
En el Gobierno de Aragón daban por hecho que les tocaría pagar, pero optaron por agotar la vía judicial. Fuentes oficiales señalaron que el dinero se abonará en próximas fechas y servirá para reducir la presión por la ruina económica de la autopista, en concurso de acreedores y pendiente de una solución definitiva entre la Administración, la concesionaria y las entidades financieras acreedoras.
En su demanda, la constructora llegó a estimar el sobrecoste que consideraba que le había costado la negligencia de la DGA algo más de nueve millones de euros. De hecho, estimaba que como consecuencia de la actuación autonómica se había disparado el coste de la licitación, fijado en 45 millones, a los 54,1 millones que costó realmente construir la autopista que une la carretera de Castellón con el eje viario de Barcelona (N-II y AP-2). La sentencia del TSJA, ahora ratificada por el Supremo, consideró que el coste ascendió a 48,3 millones.
A este litigio, para el que no cabe ya recurso, se suma otro abierto hace un año tras la sanción impuesta por la Consejería de Vertebración a la concesionaria de la autopista del Ebro tras la rotura que sufrió la infraestructura en la última gran riada, en marzo de 2015. La penalización asciende a 484.289 euros y la empresa no aceptó pagarla pese a que un informe encargado por el Ejecutivo autonómico concluyó que la crecida socavó la estructura al no haberse ejecutado los rellenos de piedra previstos bajo los pasos inferiores, de dos metros de espesor.
Penalización a la concesionaria
La penalización, acordada en el verano de 2015, estaba justificada en la "insuficiente rapidez" para atender los requerimientos para reconstruir la vía y en la "discordancia" entre el proyecto constructivo y la obra ejecutada, principalmente por la "ausencia" de los citados rellenos de piedra bajo los pasos inferiores, así como de la escollera proyectada para salvaguardar el talud sobre el que discurre la infraestructura en la margen izquierda del Ebro. A su juicio, estas protecciones "deberían haber evitado la rotura" de la autopista.
Los daños fueron cuantiosos y la concesionaria tuvo que gastarse más de dos millones de euros en reconstruir los dos puntos del talud de la autopista que la crecida dañó. La empresa pretende que el consorcio de seguros cubra la factura, aunque tampoco se ha dilucidado si asumirá finalmente el coste.
