Los servicios jurídicos de las Cortes avisan de la posible inconstitucionalidad
Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón han advertido a los ponentes del proyecto de ley de emergencia de social de la posible inconstitucionalidad de los artículos de mayor calado: los que establecen la obligatoriedad de cesión de las viviendas vacías a los bancos y grandes propietarios, impiden los desahucios a los ciudadanos en situación de vulnerabilidiad, así como el que fija la inembargabilidad de las prestaciones sociales. A lo largo de las últimas semanas, la letrada que asiste a los diputados en la tramitación del polémico proyecto de ley ha ido avisando de los "reparos de legalidad", aunque esto no ha supuesto un impedimiento para lo que los grupos parlamentarios continúen con su labor legisladora en la ponencia.
Sus advertencias coinciden con los artículos del decreto-ley que ha recurrido el Gobierno del PP en funciones ante el Tribunal Constitucional, tal y como le instó a hacer la Abogacía del Estado en un informe.
La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, forma parte de la ponencia y recalcó ayer que el Derecho es interpretable, por lo que cualquier discusión se debe resolver en los tribunales. "La letrada nos ha ido informando de que había artículos y enmiendas que podrían no ajustarse a la legalidad. Si el Gobierno central se aferra a la inconstitucionalidad porque le viene bien para salvar a los bancos, que impugne también la ley de emergencia social", manifestó.
Fuentes de la Cámara autonómica señalaron que es relativamente habitual que los servicios jurídicos adviertan de que las leyes que se tramitan "fuerzan la constitucionalidad". Así, recordaron que solo en el último tramo de la pasada legislatura los servicios jurídicos pusieron reparos a varias leyes, como las de Aguas y Ríos de Aragón o la de Caza.
