Los grandes propietarios deberán ceder los pisos vacíos a la bolsa de alquiler social

La decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley de Aragón que obliga a los bancos a ceder sus pisos vacíos a la bolsa de alquiler social no ha achantado a los partidos progresistas. Así lo demostraron ayer los diputados del PSOE, Podemos, CHA e IU al aprobar una enmienda a la ley de emergencia social que se tramita en las Cortes para ampliar la obligatoriedad a los "grandes propietarios de viviendas". De este modo, los particulares y empresas que cuenten con más de quince inmuebles tendrán que poner a disposición de la DGA las que mantengan vacías para atender a quienes necesitan un techo. Y al igual que los bancos, tendrán garantizado el cobro del alquiler por un importe que fije la Administración.

Desde la izquierda defendieron el acuerdo en la necesidad de garantizar una vivienda digna a los ciudadanos que no la tienen, lo que les llevó a sostener que también deben contribuir grandes propietarios que acumulen inmuebles vacíos "con interés especulativo". Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios, PP, PAR y Ciudadanos, mostraron su absoluto rechazo, llegaron a calificar la medida de "atentado" a la propiedad privada y advirtieron de que la norma acabará en el Tribunal Constitucional, como ha pasado con el decreto-ley que aprobó la DGA el pasado mes de diciembre .

La iniciativa de ampliar a los grandes propietarios inmobiliarios la cesión obligatoria de pisos vacíos partió de los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida. El primero propuso que el listón se pusiera en los poseedores de al menos diez viviendas, el Gobierno PSOE-CHA planteó duplicarlo y la diputada de IU Patricia Luquin, en aras del acuerdo, sugirió con éxito establecerlo en quince inmuebles.

La ponencia parlamentaria incorporó esta enmienda al proyecto de ley de emergencia social, cuya debate cerraron los grupos con la ruptura del amplio acuerdo logrado hasta el momento al abordar la parte "mollar" de la norma, la centrada en la vivienda. El PP había presentando una enmienda alternativa, en la línea de suavizar la obligación de cesión mediante un procedimiento contradictorio.

Los partidos sí incorporaron por unanimidad la fijación del umbral de vulnerabilidad, un concepto recogido en la norma y que era necesario cuantificar para garantizar el "derecho a la vivienda digna". Como adelantó este diario, las instituciones de Aragón tendrán la obligación de garantizar un techo a las personas que pierdan su vivienda habitual, ya sea por una ejecución hipotecaria o por un proceso de desahucio, y cuyos ingresos no superen los 14.910 euros.

La ponencia parlamentaria pretende cerrar el trabajo técnico el 11 de octubre con una sesión final para abordar los "últimos flecos" que afectan a enmiendas menores. Si se cumplen las previsiones, elevarán la propuesta de ley a la comisión de Ciudadanía prevista para el 27 de octubre, de modo que se apruebe definitivamente en el primer pleno de noviembre.

Uno de los principales objetivos de la ley de emergencia es disponer de viviendas suficientes para atender la enorme lista de espera para acceder a la bolsa de alquiler. Hasta 937 ciudadanos tienen el derecho reconocido y otros 1.872 siguen pendientes de que se valore su caso, lo que da una idea de la acuciante necesidad existente.

El Gobierno de Aragón pretendía empezar a ocupar la pasada primavera pisos vacíos de los bancos, provenientes de desahucios, aunque la voluntad de llegar a acuerdos y de contar con un número mínimo de inmuebles ya inspeccionados demorará su puesta en marcha hasta bien entrado el otoño.