¿Cómo podría afectar en Aragón la sentencia sobre la indemnización a interinos por despido?

En el sector privado, los trabajadores temporales representan al 22,6% de los asalariados aragoneses.

El número de interinos en la educación ha ido en aumento en los últimos años.
El número de interinos en la educación ha ido en aumento en los últimos años.
Asier Alcorta

El caso de Ana de Diego, la antigua interina del Ministerio de Defensa que reclama ante los tribunales una indemnización por despido, ha hecho tambalear los cimientos que rigen las relaciones laborales en España.


Ana de Diego perdió su empleo tras más de nueve años como interina. Disconforme con la legislación española y con un Estatuto de los Trabajadores que niega a los interinos el derecho a una indemnización, De Diego acudió a los tribunales y la cuestión llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El órgano comunitario se ha posicionado a su favor y de paso ha recordado a España que su legislación laboral contradice las directivas europeas sobre el trabajo de duración determinada.




El tribunal europeo se refiere a una directiva en concreto (199/70 CEE del Consejo, de 28 de junio de 1999) que, además, no diferencia entre el sector público y el privado. Por eso, los distintos sindicatos del país han acogido la sentencia como una invitación a reclamar, no solo la indemnización de los interinos, sino también la equiparación de las indemnizaciones entre trabajadores fijos y temporales dentro del sector privado.


A nivel regional, el tema no es ninguna tontería. Ni en el sector público, donde cuatro de cada diez personas que trabajan para la administración autonómica aragonesa tienen un contrato temporal (21.348 personas); ni en el sector privado, donde los trabajadores temporales representaban en el segundo trimestre del año al 22,6% del total de los asalariados, según recoge la encuesta de población activa.

Educación y Sanidad

El último informe sobre la situación del Sistema Educativo en Aragón refleja que cada curso escolar pasan por los colegios e institutos de la comunidad cerca de 4.280 profesores interinos. Interinos que representan al 29% de la plantilla educativa y que se van cada verano al paro sin cobrar una indemnización por despido.


En el Salud la situación es todavía más alarmante, según denuncia Evangelino Navarro, portavoz del área de Sanidad del sindicato CSI-F en Aragón. "Algunos médicos llevan 14 años como interinos y si les echasen no tendrían derecho a ninguna indemnización. La sentencia obligará a corregir esta situación", exponía este martes a Heraldo.es.


La oferta de empleo público de 2016 (aprobada por la mesa sectorial del 10 de junio aunque aún pendiente de aprobar por el Consejo de Gobierno) suma, junto las OPEs complementarias de 2011, 2014 y 2015 (todavía en marcha) 4.575 plazas ocupadas por interinos promocionados internos y eventuales a día de hoy en el Salud. El sindicato señala, además, que habría otras 1.824 vacantes no incluidas en las OPEs debido a la limitada tasa de reposición de los últimos años.


"¿Cómo van a indemnizar a todos esos interinos cuando se consoliden las plazas si no tienen dinero para pagar la paga extra?", se pregunta Navarro al mismo tiempo que defiende la necesidad de que la sentencia del tribunal europeo sea vinculante "porque supone un beneficio económico para unos trabajadores que llevan años soportando una situación de inestabilidad laboral".

DGA, Ayuntamiento

José Carlos Pardillos, portavoz del CSI-F para el área de Administración general de la DGA, expone que en este sector el personal laboral rozaba a finales de 2015 el 38% de la plantilla: "La Administración debería velar por que sus empleados tuviesen los mismos derechos que el resto de trabajadores del país, empezando por la indemnización cuando finaliza su contrato".


El Ministerio de Empleo ya anunció este martes que analizará la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para estudiar los efectos jurídicos concretos en los que se puede materializar. En el mismo sentido se manifestó este martes el Gobierno de Aragón. 


Los sindicatos UGT, CC.OO. Y CSI-F se pronunciaron para reclamar la necesidad de reformar el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo a la sentencia del TJEU y la directiva de 1999. De llevarse a cabo esta reforma también se vería afectado en cierta medida el Ayuntamiento de Zaragoza, donde en el segundo trimestre de este año los interinos representaban el 11,59% de su plantilla (561 interinos).

Sector privado

Aunque Empleo matizó que considera que el dictamen tendrá efectos, esencialmente, en los trabajadores interinos, el caso de Ana de Diego podría beneficiar a la larga a los 102.700 asalariados aragoneses que tienen a día de hoy un contrato temporal de obra y servicio o de circunstancias de la producción. Este tipo de contratos reconocen una indemnización de 12 días por año trabajado frente a los 20 que reconocen los contratos indefinidos. El dictamen del tribunal europeo podría conducir a su equiparación.


Desde CC.OO. ya han anunciado que promoverán acciones judiciales para hacer efectiva la sentencia y defender los derechos tanto de los trabajadores interinos y temporales cuyos contratos terminen a partir de ahora, como de aquellos cuyos contratos hayan cesado en un plazo no superior a un año.

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