El Justicia de Aragón pide una tarjeta provisional para acreditar la discapacidad

El objetivo es que puedan acceder a los beneficios sin presentar toda la documentación administrativa que acredita su condición.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha hecho pública una sugerencia en la que solicita al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de la Comunidad la creación de una tarjeta acreditativa de la condición de discapacitado provisional.


El objetivo es que estas personas puedan acceder de forma cómoda a los beneficios que tanto entidades públicas, como privadas prevén para las personas con discapacidad sin tener que presentar toda la documentación administrativa que acredita su condición, ha explicado esta institución en una nota de prensa.


En la actualidad, los titulares de estas tarjetas son las personas que tienen reconocido con carácter definitivo un grado de discapacidad igual o superior al 33%.


Las personas cuya valoración de discapacidad no es permanente y están sujetas a revisiones periódicas por parte de los Centros Base Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) no tienen acceso a esta tarjeta y deben presentar la documentación en papel cada vez que necesitan acreditar la discapacidad.


La sugerencia del Justicia responde a la queja de una familia con un hijo menor que tienen reconocida una discapacidad del 66 por ciento, que entiende "que sería más cómodo y funcional disponer de una tarjeta provisional acreditativa de la discapacidad, que mostrar en cada ventanilla los tres folios que reconocen la condición del hijo".


García Vicente comparte esta postura por lo que ha solicitado al Gobierno de Aragón que modifique la norma que regula esta tarjeta, una orden del 13 de noviembre de 2009, con el fin de incluir la versión provisional, "lo cual no supone ninguna dificultad, ni ningún coste para el Departamento competente", ha apuntado esta institución.


Validez temporal

La validez de dicho documento sería temporal, destruyéndose en caso de que el afectado perdiera su condición de discapacitado, o sustituyéndose por la definitiva tras la revisión que confirmara tal aspecto.


"Facilitaría, por tanto, la demostración de la persona discapacitada de su condición como tal, sin necesidad de llevar encima en todo momento copia compulsada de la resolución", ha indicado el Justicia.


Ha añadido que sería "una medida con más efectos positivos que negativos, sin suponer ningún tipo de discriminación y con gran acogida social entre el colectivo implicado".

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