El Colegio de Educadores denuncia ante Inspección el "intrusismo" en el COA y otro centro

Avisan de que "cuatro trabajadores no tienen la titulación que exige la ley aragonesa".

El Colegio Profesional de Educadores Sociales de Aragón presentó el pasado 23 de agosto una denuncia ante la delegación provincial de Inspección de Trabajo en la que pedía que se investigaran cuatro contrataciones en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Menores de Zaragoza y en la residencia Villacampa, dos espacios pertenecientes al Gobierno de Aragón y gestionados por las empresas que resultaron adjudicatarias (Intress y Ozanam, respectivamente) en los correspondientes concursos.


La organización profesional avisa en su escrito de dos supuestas irregularidades de la misma naturaleza en sendos centros, donde habría un total de cuatro casos de intrusismo al haberse contratado a trabajadores sin la titulación universitaria de Educador Social. "Se incumple, de este modo, la ley de creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón".


Este texto legal, de octubre de 2005, establece que la posesión del título oficial en Educación Social, "a partir de la creación del colegio, será obligatoria para el ejercicio en Aragón de la profesión de educador social". La ley también obliga a estar incorporado al colegio profesional, aunque exime a los funcionarios y el personal laboral de las administraciones públicas en Aragón.


Fuentes del Colegio recuerdan que "se trata de trabajadores que llevan tiempo desempeñando las funciones de trabajador social y no se han preocupado por obtener el título, cuando incluso es posible graduarse a distancia a través de la UNED".


Estas mismas fuentes afirman que "las personas cuyo instrusismo denunciamos empezaron cubriendo vacantes temporales y con el tiempo se han convertido en indefinidos pese a que las empresas conocen la irregularidad que esto supone". Desde el Colegio se subraya que, independientemente de lo que decida Inspección, se piensa "acudir a la Administración" para que tome medidas.


No es la primera denuncia

Esta denuncia no es la primera que salpica al COA. Hace escasas fechas, Inspección resolvió que Intress había hecho cinco contrataciones irregulares en las que las trabajadoras desarrollaron sus labores en días sueltos sin contrato y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.


Los períodos no cotizados ya fueron regularizados y abonados a la Seguridad Social y el total del importe abonado es de 363,49 euros, según explicaron fuentes de la consejería de Derechos Sociales. El informe de Inspección determinó "responsabilidad solidaria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)".


A la inspección ya resuelta se suman otras cuatro abiertas en las que, entre otros aspectos, se está verificando la existencia de otros siete puestos de trabajo en al menos 17 días sueltos que no se dieron de alta en la Seguridad Social.

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