Los "ocho de Yesa", como es conocido el grupo condenado por resistencia a la Guardia Civil en Artieda (Zaragoza) durante un acto contra las expropiaciones para construir el embalse, han decidido recurrir la sentencia al entender que no se les puede considerar unos "criminales" por protestar pacíficamente.

En una declaración hecha pública hoy, el grupo, entre los que está el diputado de Unidos Podemos por Huesca Jorge Luis Bail, asegura que no se resignan "a aceptar que el sistema judicial español pueda tratar de criminales a un grupo de personas que protestaba pacíficamente ante lo que entendía como una injusticia".

Tras señalar que no se merecían "ser golpeados y humillados", ni la cárcel, ni las multas, el grupo concluye que no aceptan ni ven normal "el ser tratados como criminales por ejercer" su "derecho a la libre expresión y el derecho de reunión", ni que esto les "pase personalmente" ni que "ocurra en nuestra sociedad".

En el escrito reconocen que su decisión de recurrir "no ha sido fácil", pero les parece "muy insatisfactoria" la sentencia, que se hizo publica el pasado 6 de julio y les condenó a multas de unos 16.000 euros en total, inhabilitación y a dos años de prisión.

Jorge Luis Bail, que no era diputado cuando se produjeron los hechos, Miguel Ángel Palacín Soteras, Javier López Ripalda, Óscar Ara Ripalda, Sergio Palacín Ripalda, Álex Ubieto, Arriel Domínguez y Jesús María Royom fueron condenados por un delito de resistencia a agentes de la autoridad a una multa de 1.080 euros cada uno.

También les condenó a indemnizar a 16 agentes del Instituto Armado y a hacer frente al pago de las costas del juicio, que se celebró en mayo ante la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Zaragoza

Los hechos se produjeron en Arti?eda, el 10 de octubre de 2012, al intervenir la Guardia Civil para despejar la carretera de acceso a la localidad que un centenar de personas impedían en protesta por las expropiaciones que llevaba a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para recrecer el embalse de Yesa.

Para los ocho el fiscal pidió inicialmente entre dos y seis años de cárcel, por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público, e indemnizaciones superiores a 22.000 euros, aunque finalmente rebajó sus petición a dos años de cárcel, por lo que pudieron eludir la prisión.

En la sentencia, se les impuso el pago de multas de 180 euros, en caso de falta de lesiones, y de 1.080 euros, en caso de delito de lesiones, así como indemnizaciones a los agentes que van desde los 90 hasta a los 2.700 euros.

La jueza, que les absolvió de otras faltas de lesiones de las que habían sido acusados, les condena igualmente a abonar las costas del juicio en distintas proporciones.