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Acciona se opone a la reclamación de 147 millones de las acusaciones del caso Plaza

La constructora rechaza tener cualquier tipo de responsabilidad civil por los presuntos delitos que la Fiscalía, la DGA y la plataforma atribuyen a sus directivos.

Plataforma Logística de Zaragoza.
caso plaza

El juzgado que instruye el llamado caso Plaza, el más importante de los macroprocesos por corrupción instruidos hasta la fecha en Aragón, acaba de recibir el escrito de defensa presentado por Acciona Infraestructuras, la constructora a la que las acusaciones consideran –junto a otras empresas más– responsable civil subsidiaria de los daños derivados por los supuestos delitos cometidos durante las obras de urbanización de la plataforma logística de Zaragoza.

En concreto, tanto la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aragón y la sociedad pública Plaza reclaman a Acciona 147.298.216 euros, algo que la empresa rechaza de plano. Entre otros motivos, se opone porque entiende que Plaza, a la que ve como única posible perjudicada, ya ha ejercitado la vía civil por medio de una demanda en la que alega las mismas causas que en la penal. La constructora mantiene que el Gobierno de Aragón, a pesar de que "no tiene título legítimo propio", ejercita la misma acción y reclama la misma cantidad en esa vía, con lo que, a su juicio, es "improcedente" que lo haga también en el proceso penal.

En el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 1 de marzo, el juez instructor sentaba en el banquillo a 25 acusados y situaba al frente de ellos al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril como presunto autor de delitos de malversación, cohecho, blanqueo, alzamiento de bienes y fraude fiscal. A su juicio, García Becerril y los ocho principales encausados –entre los que figuran el ex director técnico de Plaza Miguel Ángel Pérez, los exgerentes de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, así como el exdirector facultativo y empleado de Intecsa-Inarsa Nicolás Groeneveld– idearon una trama para alterar la adjudicación y contratación de las obras hasta disparar su coste en cerca de 150 millones de euros. Como la sociedad dejó de abonar las últimas certificaciones, se calcula que el ‘agujero’ final fue de 140,6 millones, cantidad que el instructor del caso exige a los ocho principales encausados, aunque las acusaciones la elevan a 147,2.

La presunta implicación en este millonario sobrecoste de varios directivos de Acciona, MLN e Intecsa-Inarsa es la que ha llevado al magistrado José Ignacio Martínez a declarar responsables civiles subsidiarias a las tres importantes empresas.

Fondos públicos o privados

Como ya se ha planteado en otras causas anteriores relacionadas con Plaza, los imputados –para evitar ser acusados del delito de malversación de caudales públicos– mantienen que no es exactamente una empresa pública y sus fondos tampoco, por lo que debería regirse por el derecho privado. En su escrito, Acciona niega por un lado que existiera algún tipo de concierto para defraudar en la adjudicación de las obras y, por otro, dice a las acusaciones que "olvidan" que la plataforma logística fue diseñada por un proyecto supramunicipal ejecutado por Plaza en la que "debía darse entrada necesariamente y de forma sostenida" al capital privado para que actuase como propietario privado, sujeto al derecho privado".

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