A la espera de lo que ocurra en la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno, el curso político en Aragón arranca marcado por la interinidad que arrastra el Estado y que está lastrando numerosas cuestiones pendientes entre las dos administraciones. Y no solo son las reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras. También siguen en el aire asuntos tan inmediatos como los presupuestos de Aragón para 2017, el convenio con Renfe, los 10 millones de euros de la Lomce o las prórrogas no concedidas del Fondo de Inversiones de Teruel.

El jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, lo advirtió hace unos días durante una visita a Pedrola. Según el responsable de la DGA, la falta de Gobierno estatal, después de más de 300 días en funciones, está bloqueando las relaciones bilaterales entre Aragón y el Estado. A esta situación se suma que Lambán es uno de los pocos presidentes autonómicos que no se ha reunido con Rajoy. Solo se encontraron en una ocasión, con motivo de la inauguración de embalse de San Salvador, sin margen para profundizar en las cuestiones bilaterales.

Para el Ejecutivo, es necesario convocar la comisión Aragón-Estado y abordar asuntos como el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que establece la obligación de firmar un acuerdo económico-financiero. Otros temas pendientes de discusión son la ejecución de las obras del Pacto del Agua, la resolución del conflicto del arte sacro aragonés retenido en Cataluña, el apoyo al sector logístico o el impulso de las conexiones transfronterizas con Francia, así como atender el problema de la despoblación y el envejecimiento, en el marco de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Pero al margen de estas reivindicaciones, muchas de ellas de carácter histórico, el Gobierno de Aragón urge ya la aprobación del techo de gasto y exige al Ministerio de Hacienda que informe de las transferencias que van a llegar del Estado a las comunidades autónomas. Sin estos datos, el Ejecutivo PSOE-CHA insiste en que no puede avanzar en la elaboración de las cuentas de 2017.

La falta de Gobierno estatal ha bloqueado otras cuestiones apremiantes. Además de los proyectos en infraestructuras a largo plazo, como la reapertura del Canfranc, está paralizada la negociación del convenio con Renfe para financiar las líneas regionales deficitarias. En materia de Educación, la DGA alerta de que "sigue sin llegar la financiación de la Lomce", según fuentes autonómicas, que añadieron que supone unos 10 millones este ejercicio. "El Gobierno de Aragón ya justificó en abril el gasto de este año. Sin embargo, sí se aprueban decretos para regular, por ejemplo, la reválida", agregaron.

Teruel, a la espera

El Ejecutivo indica que el Departamento de Economía aguarda a que, tras el acuerdo alcanzado con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2016, se cierre la negociación para habilitar los plazos suficientes para ejecutar las obras. Además, insiste la DGA, están pendientes las prórrogas no concedidas del FITE de 2015. Por otro lado, todavía no se han concretado las actuaciones correspondientes a este ejercicio del Plan Miner, que tiene un marco de actuación entre 2013 y 2018.

En Sanidad, aún no está resuelta una alternativa a la supresión del fondo de cohesión, con el se abonaba la asistencia sanitaria a ciudadanos de otras autonomías; no se sabe si computará como déficit el gasto en los pacientes de hepatitis C; o si se renegociará el decreto para que los profesionales de enfermería puedan prescribir fármacos en algunos casos.

La consejería de Universidad e Innovación espera a que se aclare si habrá 2,19 millones para proyectos de investigación agroalimentario del año 2015, además de la convocatoria de 2016. ?El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) solicitó subvenciones por 669.000 euros que permanecen pendientes del Gobierno central.