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Las familias de los atropellados en Botorrita van a personarse en la causa para pedir prisión

Las últimas pruebas de la Guardia Civil no han hecho que la juez cambie de opinión sobre la libertad del conductor.

La cuñada de Enrique Javier Comín, Emilia Gutiérrez, muy afectada por lo ocurrido.
La cuñada de Enrique Javier Comín, Emilia Gutiérrez, muy afectada por lo ocurrido.
José Miguel Marco

Las familias de Enrique Javier Comín Guillén y Alberto Martínez Fernández, los dos ciclistas que perdieron la vida el pasado domingo al ser arrollados por un conductor ebrio en Botorrita, tienen intención de personarse en la causa que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún. No entienden cómo el autor del doble atropello mortal registrado en la N-330, L. M. P., de 62 años, pudo quedar en libertad tras prestar declaración. Y ello les ha abocado a buscar representación letrada para reforzar el trabajo de la Fiscalía e intentar que el responsable del trágico suceso "responda por lo que ha hecho".

Según explicaban ayer los allegados de Enrique Javier Comín, de 61 años, vecino de Las Delicias y prejubilado de Opel España desde el pasado mes de abril, ya han contactado con un abogado para personarse oficialmente en la causa. La misma intención parece tener la familia de Alberto Martínez, que con 68 años era un apasionado del deporte y desde que se jubiló de la empresa de climatización en la que trabajaba dedicaba mucho tiempo a rodar en bicicleta. En su caso, ha sido una persona muy próxima al fallecido la que se ha puesto en contacto con la asociación Stop Accidentes para solicitar asesoramiento legal. "Como no podía ser de otra manera, les hemos puesto en contacto con nuestro letrado y ofrecido toda nuestra colaboración", explicaba ayer el delegado de este colectivo en Aragón, Miguel Ángel Bernal.

"Cuando se repiten tragedias de este tipo, los que hemos perdido seres queridos en accidentes de tráfico –él perdió a sus padres en un atropello registrado hace once años en la capital aragonesa y a su hermano, en una caída mortal de moto ocurrida en Urrea de Jalón en 2014– tenemos una terrible sensación de desamparo", reconocía este activista de la seguridad vial. "Se equivocan los que creen que las víctimas buscan venganza, lo que piden es que se cumpla la ley", apostillaba.

Pese a saber que ha actuado conforme a derecho, Miguel Ángel Bernal tampoco encuentra explicación a la decisión de la juez de dejar libre al causante del atropello de Botorrita, que en la primera prueba de alcohol triplicó la tasa permitida (0,25 mg/l) y en la segunda dio 0,66 mg/l. "La DGT no se cansa de impulsar campañas de concienciación para que los conductores no beban, no corran, no hablen por el móvil... Sin embargo, en casos como este, te invade una enorme sensación de impunidad", confesaba el delegado de Stop Accidentes.A la espera del informe técnico

Como informó ayer este diario, la Guardia Civil de Tráfico acudió el pasado lunes a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para entregar unas diligencias ampliatorias del atestado del accidente de Botorrita. Cuando pusieron a disposición judicial al detenido, el pasado domingo, los agentes ya hicieron entrega a la magistrada de un amplio informe preliminar. Sin embargo, los funcionarios regresaron al día siguiente para aportar nuevas grabaciones y declaraciones de testigos. Porque el equipo de Atestados ha localizado a personas que vieron cómo un coche de "similares características" al del causante del doble atropello mortal circulaba poco antes de forma anómala por la A-23.

Según las primeras pesquisas, L. M. P., vecino de La Muela, llegó a chocar con la bionda de la autovía de Huesca a la altura de Zuera, lo que indicaría que pudo conducir más de 50 kilómetros hasta Botorrita influenciado por el alcohol.

A la hora de decretar la puesta en libertad del conductor detenido –sin fianza, pero con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y entregar la licencia de conducir–, la magistrada dijo que necesitaba conocer las conclusiones del informe técnico para optar por una medida cautelar más severa. La instructora se refería a estimaciones de velocidad, mediciones de frenadas y otros cálculos objetivos. Sin embargo, la Guardia Civil le recordó que la elaboración de este tipo de informes, precisamente por su complejidad, precisan de entorno a uno o dos meses.

La titular del Juzgado de Instrucción numero 6 se comprometió a valorar las diligencias ampliatorias aportadas el lunes, pero, hasta el momento, su decisión respecto a la libertad del encausado no ha variado.

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