El IASS tiene que pagar más de 2.000 euros a un dependiente al que se le redujo la prestación

El Departamento de Sanidad y Bienestar Social de la DGA rebajó el grado de dependencia de un aragonés en 2011 y le reclamó casi 4.000 euros por los "pagos indebidos" que había estado recibiendo. Ahora, y después de cuatro años de batalla judicial, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anula la decisión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), reconoce que este ciudadano "no experimentó una mejoría" que justificara la rebaja del grado –y, por tanto, de la prestación– y lo libera de la deuda que la DGA le exigía y que nunca debió reclamarle. El IASS tendrá que pagarle ahora más de 2.000 euros.

El afectado, J. S. B., tenía entonces 78 años, sufría serias limitaciones de movilidad fruto de una amputación, diabetes, glaucoma y otros problemas degenerativos. Llevaba ya casi dos años recibiendo una prestación de 285 euros dentro de un nivel de dependencia de Grado II (nivel 1) reconocido en 2009. Cuando su caso fue revisado, el informe de servicios sociales (en ese momento gobernaba el PP) dictaminó que no solo el paciente había mejorado en esos dos años (algo que ni su médico, ni los especialistas, ni los servicios de base defendieron), sino que debía devolver 3.716 euros. Entonces, empezó un calvario que habría terminado en marzo de 2014 (cuando el TSJA dio la razón por primera vez a la familia) si la DGA no hubiera recurrido.

Javier Sanz, hijo del demandante, siempre mantuvo que a su padre le habían bajado el grado de dependencia de forma "injusta". Que el afectado, que hoy tiene 85 años, no podía haber mejorado ni haber superado problemas crónicos y degenerativos. "Nunca podrán pagar la angustia que hemos sufrido todo este tiempo, o el peso que supuso para mis padres que se les reclamara tal cantidad de dinero, como si lo hubiesen recibido de forma fraudulenta", explica Javier. El anterior equipo de Servicios Sociales defendió que la valoración se había realizado "correctamente, siguiendo los criterios de aplicación y el manual de uso del baremo".

Ahora, y a pesar de que el TSJA desestimó en junio la apelación de la DGA, el afectado aún no ha conseguido que la Administración

–ahora en manos del PSOE– les pague los 2.036 euros que le deben a su padre (es la diferencia entre lo que le reclamaban y los pagos de un importe menor que sí que recibió por estar calificado como de Grado I). Fuentes oficiales de este servicio han explicado a HERALDO que la última contestación del TSJA se había remitido a Sanidad (en el anterior Gobierno, esta integraba Servicios Sociales) y por eso no había constancia de ello. "Se le pagará cuanto antes", aseguran.

Sin embargo, para Javier Sanz este retraso es "inaceptable". "A mi padre le dejaron sin paga un mes de agosto y le dieron solo quince días naturales para alegar, a pesar de sus limitaciones reconocidas por ellos mismos, como le pasó en aquella época a bastantes otros afectados", recuerda.

La familia ha estado representada por el abogado Miguel López Paul. Interpusieron el primer recurso de alzada en junio de 2011 que fue desestimado, a pesar de multitud de informes médicos (por ejemplo, de su facultativa de cabecera y de especialistas de oftalmología y otorrino, entre otros) que certificaron un paulatino empeoramiento y otros factores, como que la esposa del paciente, que era su principal cuidadora, tuvo que someterse a una complicada intervención de cáncer de mama. Dentro de un giro aún más rocambolesco, y aunque la DGA siempre defendió la "mejoría temporal" del paciente, sus propios servicios decidieron unos meses después volver a reconocer su dependencia inicial, el Grado II.