Si hasta este fin de semana se habían autorizado todos los festejos taurinos populares solicitados en la Comunidad, según habían asegurado fuentes de la Dirección General de Interior de la DGA, el viernes se produjo la primera denegación: los vecinos de Codo, en la comarca del Campo de Belchite, se quedaron sin becerrada ni toro embolado –y casi seguro que hoy domingo tampoco puedan celebrarlos– al faltar parte de la documentación requerida por la DGA: según apuntaron desde el municipio, se trata del contrato del director de lidia (el alcalde asegura que estaba ya registrado y que ha sido un problema de plazos) y la solicitud de un veterinario. Fuentes del Ejecutivo autonómico informaron de que la decisión se tomó al faltar los papeles a las 17.30 del mismo viernes.

Se da la circunstancia de que esta negativa se produce justo la misma semana en la que la seguridad de los festejos taurinos populares en Aragón vuelve a estar encima de la mesa, después de producirse varios accidentes y, tras uno de ellos, fallecer un anciano de Tramacastilla (Teruel).

El alcalde de Codo, Raúl Cuevas, explicó a este diario ayer que la denegación se produjo poco antes de que tuviera que empezar la becerrada. Aseguró que es "la primera vez" que les ocurre, que otros años incluso "llegaba la aprobación después de los festejos", y relató que los vecinos de la localidad están "enfadados".

"En el caso del director de lidia, nos dicen que no han recibido el papel pero estaba metido en el registro dos días antes (la norma, en realidad, apunta que debe hacerse con 15 días hábiles de antelación, si bien este plazo es algo flexible) y en cuanto al veterinario, el problema es que no hemos llamado al Colegio para que designaran uno y lo mandara la propia DGA, algo que achacamos a nuestra propia gestoría", dijo.

Hasta la fecha, según fuentes del Gobierno autonómico, solo se habían producido "requerimientos puntuales de documentación pendiente" que habían terminado con signo favorable.

En cuanto a la seguridad, en noviembre, cuando termine la temporada, se reunirá la comisión consultiva taurina que debatirá a buen seguro si las actuales barreras y vallas son suficientes. También podría discutirse sobre cómo se ejerce el control de su colocación. En estos momentos, la normativa consiste en la certificación de un arquitecto o aparejador "en la que se haga constar expresamente que las instalaciones a utilizar reúnen las condiciones de seguridad y solidez" y esta, teóricamente, se tiene que enviar junto con la solicitud y el resto de documentación, con 15 días de plazo.

Por eso, este documento se firma en muchos casos con los vallados aún por instalar, si bien suele prevalecer la experiencia de los años anteriores. Después, aseguran tanto el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, como el de El Burgo de Ebro, Miguel Ángel Girón, son los propios consistorios los que se responsabilizan de que el mismo arquitecto o aparejador en cuestión revise "toda la instalación una vez colocada".

Otras fuentes del sector taurino aseguran que hay pueblos que colocan los vallados a comienzos de verano o que no envían la certificación hasta instalar las vallas, pese a que ello suponga retrasar unos días el plazo estipulado. En todo caso, la supervisión antes de cada festejo dentro de las fiestas se deja en manos de los alcaldes, concejales o voluntarios de las comisiones locales, incluso si se da el caso de que estas barreras tengan que abrirse o retirarse puntualmente durante los festejos para otro tipo de actos.

Fuentes de la DGA consideran que, hasta este fin de semana, la seguridad se ha acreditado de forma conveniente y recuerdan que desde este año se ordena a los ayuntamientos emitir un acta posterior a cada festejo en la que se refleja todo lo acontecido.