Tres años después de que estallara la mayor trama de corrupción destapada hasta ahora en Aragón, los 25 imputados por el caso Plaza siguen a la espera de conocer la fecha en la que deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza. Según la Fiscalía Anticorrupción, en las obras de la plataforma logística se malversaron 157 millones de euros a través de un plan supuestamente ideado por el exgerente del complejo, Ricardo García Becerril, y José María Jordán, responsable de la UTE Acciona-MLN, adjudicataria de la urbanización de la plataforma.

Políticos, empresarios, ejecutivos y numerosos familiares suyos completan la lista de encausados para los que Anticorrupción pide penas que suman 195 años de cárcel. Se les imputan, entre otros, delitos de prevaricación, malversación, cohecho o blanqueo de capitales. Para el exgerente de la sociedad púbica solicita hasta 23 años de prisión y le exige que, junto con los otros siete supuestos responsables de la sobrefacturación de los trabajos, asuma una indemnización de 140 millones de euros. Las obras para adecuar 13 millones de metros cuadrados acabaron costando al erario casi 480 millones, 297 más de lo inicialmente proyectado.

Además, los fiscales que han llevado la causa reclaman indemnizaciones a las citadas empresas y a otras 14. El auto de apertura de juicio oral se dictó en marzo y la previsión es que el juicio tenga pronto fecha.

La denuncia inicial se presentó en julio de 2013 y solo un mes después, el 14 de agosto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ya había conseguido atar los cabos suficientes para practicar las primeras detenciones.

Entre los nombres más destacados de los presuntos implicados en el sinfín de amaños y corruptelas investigados, figuran Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA bajo el mandato del socialista Marcelino Iglesias (por el caso Plaza la Fiscalía le pide 7 años y medio de cárcel y 4,5 millones de euros), y Agapito Iglesias, propietario de Codesport y ex máximo accionista del Real Zaragoza. Ambos fueron recientemente condenados, junto con García Becerril y el exdirector técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez, por el caso Naves, que salió a la luz durante las pesquisas de Plaza.

Pero esta no es ni mucho menos la única derivada de un presunto desvío de dinero público que por su entidad solo tiene comparación en la Comunidad con la operación Molinos desarrollada en torno al Ayuntamiento de La Muela: se juzgó en los primeros meses de este año y la sentencia se conocera en septiembre.

La ardua investigación llevó a la Policía a descubrir una maraña de irregularidades vinculadas al desfalco en las obras del área logística y supuestamente cometidas por los mismos protagonistas principales del caso Plaza. Otro ejemplo es el caso del kartódromo, también a la espera de que se fije la fecha del juicio.

En este último, la Fiscalía acusa a García Becerril y Esco (pide 10 años de cárcel para cada uno) de perjudicar los intereses de la sociedad pública al comprar unos terrenos en los que había un circuito de ‘karts’ junto a la Venta de los Caballos por 6,3 millones –dos más de su precio real–, y repartirse más de 661.110 euros en comisiones. El propietario del suelo, también imputado, llegó a confesar a la Policía que hizo tres pagos que sumaban esa cantidad al que fuera gerente de la plataforma en una cafetería. Pese a los intentos de García Becerril y Esco de ser juzgados por un tribunal profesional, la Audiencia decidió que sea un jurado el que dilucide su culpabilidad o inocencia.

También a Agapito Iglesias se le acumulan los frentes judiciales. Tiene abierta otra causa penal por estafa por facturar presuntamente un sobrecoste de dos millones de euros en la construcción de un aulario de Formación Profesional en Plaza.

Por otra parte, hasta que se resuelva el caso principal, está en suspenso la reclamación civil de 5,8 millones que las contratistas de la urbanización hicieron a la sociedad pública por obras extra ejecutadas y no cobradas.

El que ya está finiquitado es el caso Cuadro, que el juez archivó el pasado septiembre tras investigar si se inflaron los precios de cinco óleos –dos de ellos atribuidos a Goya– que compraron la DGA y la Fundación Plaza. Este carpetazo se suma al de los casos denominados Caladero y Apartadero.