La coordinadora del Rolde d'Educazión, Unibersidá e Inbestigazión de Chunta Aragonesista (CHA), Carmen Alloza, se ha mostrado en contra de la imposición de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "a golpes de Real Decreto".

A su parecer, "no tiene ninguna credibilidad, ni legitimidad política, un partido que mientras dice tender la mano para dialogar y llegar a acuerdos, con el fin de conformar un nuevo gobierno, impone su propio criterio en materia educativa, con un ejecutivo en funciones, a sabiendas de que ya ni siquiera tiene el respaldo mayoritario en el Parlamento".

Desde CHA han recordado que el pasado 29 de julio se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, cuya publicación se realizó en el Boletín Oficial del Estado el día 30 de julio.

Estas pruebas, popularmente conocidas como reválidas, suponen un "hito" más en la trayectoria "política de imposición" que ha tenido la LOMCE bajo la trayectoria política del Gobierno Rajoy y de los respectivos Ministros de Educación, Cultura y Deporte, ha lamentado CHA en una nota de prensa.

"Desde su origen esta norma del PP consiguió el rechazo unánime de la mayoría del sector educativo. Ahora, con un gobierno en funciones, con un parlamento que ya no apoya mayoritariamente esta ley, insisten en su prepotencia y, lejos de buscar el necesario acuerdo educativo, aprueban Reales Decretos para seguir adelante con la LOMCE", han estimado.

Para CHA, la actitud del PP es "impresentable desde un punto de vista político, carece de sentido de Estado y demuestra que sus intereses particulares priman por encima de las demandas de la comunidad educativa", ha observado Carmen Alloza.

Limitante

Al respecto, ha contado que este Real Decreto afecta a miles de jóvenes a los que "se limitan derechos y libertades de elección en estudios y especializaciones, lo que puede suponer un aumento en las cifras de abandono escolar".

La cuestión es que aquella parte del alumnado que haya aprobado la ESO, pero no supere estos nuevos exámenes de "reválida", no podrá acceder a estudios de bachillerato, ni a un grado medio de formación profesional. A lo que hay que añadir el problema que supone para los que ya hayan cumplido 17 años, que "tampoco podrán cursar la única salida que se les ofrece, la FP básica, quedando sin posibilidad de poder estudiar, ni de titulación de ESO y cerrando prácticamente todas sus salidas al mercado laboral", ha alertado CHA.

De este modo CHA ha considerado necesario que el Gobierno "en funciones" atienda las demandas del sector educativo, así como de una buena parte de los propios Gobiernos autónomos, retire este Real Decreto y busque consensos en este largo periodo de interinidad que estamos soportando.

Alloza ha señalado que "Chunta Aragonesista ha apostado por utilizar cuantos instrumentos permite el autogobierno para paralizar esta Ley en sus primeras fases de aplicación, y así se hizo constar en los acuerdos de gobierno en Aragón".

Ha remarcado que se apoya públicamente la propuesta de estudiar hasta la posibilidad de presentar un recurso a los últimos decretos ante el Tribunal Supremo.

Alloza ha incidido en que "lo lógico y razonable sería establecer una moratoria ante el panorama político existente. Por este motivo es más indignante la actitud antidemocrática y cargada de indecencia política de este Gobierno que con estas decisiones solo vienen a ahondar en el lamentable recorrido de una ley que nació sin el necesario consenso".

Finalmente, ha opinado que "da hasta vergüenza ajena recordar que el propio Ministro de Educación franquista, Villar Palasí, suprimió en su momento las reválidas existentes (y solo eran dos) por considerar que entorpecían la calidad del sistema educativo".