El campo aragonés vive su mejor verano en precios desde el inicio del veto ruso

Los precios están subiendo por una menor producción y un ligero aumento del consumo. Las deudas acumuladas, sin embargo, hacen que la situación no sea buena.

Una agricultura en plena labor
Una agricultura en plena labor
Heraldo

En agosto de 2014 el Gobierno ruso decretaba el cierre de su frontera a la llegada de productos frescos (fruta, carne o lácteos) desde la Unión Europea, EE. UU., Australia, Canadá y Noruega como respuesta a las sanciones internacionales por su intervención en Ucrania.


La noticia, que poco tenía que ver con la labor de los agricultores españoles, pillaba a los productores de Aragón con la campaña a pleno rendimiento y las cámaras frigoríficas llenas de toneladas de fruta que rápidamente comenzaron a bajar de precio. En septiembre de aquel año, por ejemplo, el kilo de melocotón se llegó a pagar a 0,17 euros el kilo en origen, un precio inaudito desde la llegada del euro.


Hoy, dos años después, el campo aragonés parece por fin remontar los precios que se han dado desde entonces. Según el índice de precios que publica el sindicato COAG, hoy el kilo de melocotón en origen se paga a 0,52 euros por kilo, mientras que la cereza entre 1,5 y 2,5 euros, también cerca de un 30% más que el año pasado. Sin embargo, no todo esto está teniendo un traslado directo al bolsillo de los fruticultores.


El aumento de precio de este año se debe principalmente a un descenso de producción medianamente importante y a un ligero aumento del consumo, señalan los sindicatos agrarios. Según los cálculos que manejaba la Uaga al comienzo de la campaña, entre todas las principales variedades que se cultivan en Aragón, el campo de la comunidad pasará de producir 550.000 toneladas el año pasado a 490.000 este debido al suave invierno del año pasado y las heladas tardías que tuvimos esta primavera.


“Hay un descenso generalizado de producción de fruta en toda Europa, y también en España. En Aragón parece que nos moveremos en torno a un descenso de entre el 10 y el 15%, menor que a nivel nacional, lo que nos deja en mejor posición y ha elevado ligeramente los precios”, explica Agustín Sánchez, gerente de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro (Aeamde), con sede en La Almunia.


Pese a esto, Sánchez advierte una de las rarezas del mercado de la fruta: “que baje la producción, es decir la oferta, no garantiza en la fruta un aumento de precios generalizado como en la mayoría de sectores”.


También tiene la misma opinión Beatriz Espuña, técnico del sindicato UAGA en Fraga, otra de las grandes zonas productoras. “Este año los precios se están comportando mejor, pero al haber menor producción, a la larga para el agricultor el resultado puede ser el mismo”, señala. Y es que, durante los últimos veranos se calcula que la renta de los agricultores de la Comunidad ha caído en torno a un 30% debido a los bajos precios y la escasa eficacia de los mecanismos de retirada que la Unión impulsó a raíz del veto.


Pendientes de la geopolítica y la Ley de cadena alimentaria


Al igual que el caso de Rusia, la geopolítica se ha convertido en una asignatura más que tienen que conjugar los productores aragoneses año tras año. Ahora, a raíz del acercamiento en las relaciones entre Moscú y Turquía, se espera que de nuevo comiencen a llegar productos otomanos a la tierra del rublo, lo que podría dejar espacio para la entrada de más fruta y alimentación española en otras zonas de la UE en las que antes competía directamente Ankara.


El brexit y sus consecuencias a medio plazo o la evolución de la economía en nuestros vecinos europeos son otros factores que pueden marcar los resultados en los próximos años, según explican desde el sector.


Sin embargo, también existen problemas dentro. Los principales sindicatos agrarios se unieron este verano para acabar con la venta 'a resultas', mecanismo que hace que el fruticultor entregue su mercancía sin saber cuánto va a recibir por ella hasta que se vende a otro proveedor. De momento, esta práctica continuando usándose pese a estar ya vigente la Ley de la Cadena Alimentaria, que precisamente fue aprobada para evitar casos como estos.

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