La Operación Internados de la Guardia Civil ha permitido destapar la que podría ser una de las tramas más importantes de distribución de droga en el centro penitenciario de Zuera. De hecho, son hasta catorce las personas vinculadas con esta organización criminal, que se servía de un empleado de mantenimiento para introducir las sustancias en la prisión y hacérselas llegar a los internos que actuaban de camellos en los distintos módulos. Pero la organización no solo distribuía estupefacientes –sobre todo hachís–, ya que también ofrecía a sus clientes teléfonos móviles, uno de los bienes más codiciados por los reclusos. Su uso está prohibido en las penitenciarias y hasta los abogados y las visitas están obligados a dejarlos en las taquillas del control de entrada. De ahí que la demanda de terminales sea elevada, sobre todo por parte de aquellos delincuentes que intentan seguir ‘trabajando’ desde sus celdas.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EODA) de la Guardia Civil de Zaragoza se puso a trabajar en esta investigación a mediados de octubre de 2015, cuando le llegó el soplo de que un grupo de internos habían montado una compleja red de distribución de drogas y móviles con ayuda del personas del exterior. Las sospechas se centraron enseguida sobre David F. V., un técnico de mantenimiento que llevaba meses trabajando en el centro penitenciario. Gracias a las escuchas telefónicas, los agentes lo identificaron como el enlace entre los dos cabecillas de esta organización delictiva: Ahmed K. Z., conocido como El Pakistaní y que operaba desde el interior de la prisión; y Abderraman M., que era el traficante que se encargaba de conseguir la droga fuera para suministrársela después al empleado de mantenimiento, que por su trabajo tenía acceso a todos los módulos.

Colaboró desde el principio

La mañana del 21 de octubre de 2015, David F. V. se coló en la celda número 68 del módulo 9 para hacer una entrega: 300 gramos de hachís y cuatro terminales telefónicos. Las grabaciones telefónicas habían permitido controlar este envío, por lo que de forma automática se procedió a su decomiso. Unos días más tarde, la Guardia Civil detuvo en su domicilio al operario, quien no solo reconoció los hechos sino que se mostró dispuesto a colaborar con los investigadores.

A la hora de destapar el complejo entramado, fue también de gran utilidad la agenda hallada en la celda del Pakistaní, ya que esta contenía abundante información del resto de implicados. Con esta prueba y fruto de las prolijas pesquisas, el EODA descubrió que había otra media docena de reclusos de Zuera que participaban en las operaciones de la red, recepcionando la mercancía y vendiéndola después a sus clientes (también internos).

Para no dejar demasiado rastro, la forma de pagar los servicios prestados al empleado de mantenimiento era mediante giros postales o ingresos en cuenta.Según la Guardia Civil, de estos últimos solía encargarse, entre otros, un recluso apodado El Gallego, el único implicado en la trama en paradero desconocido.

Pero no era el técnico de mantenimiento el único canal para introducir la droga en la prisión, ya que sus cabecillas también se valían de las visitas vis a vis de familiares directos. De esta forma se detuvo el 11 de noviembre de 2015 a los hermanos Houari y Karim K., a los que interceptaron en la carretera de Erla a Zaragoza cuando se dirigían a la cárcel de Zuera con un paquete de 100 gramos de hachís. El destinatario era un tercer hermano, Rachid, recluso que se iba a encargar de distribuir después la mercancía dentro del centro penitenciario.

La Operación Internados –por la que la Fiscalía acaba de pedir penas de prisión que suman casi 40 años de cárcel– permitió dar también con Mohammed E. B., con domicilio en Autol (La Rioja) y considerado por el EODA el «proveedor de proveedores».De hecho, él era quien hacía los pedido de droga a Marruecos y se encargaba de canalizar después las entregas a la prisión de Zuera a través del también encausado Abderraman M. Los abogados de la defensa, Patricia Rodrigo, Mariano Bonias, Olga Oseira y Alfonso Bayo, entre otros, piden la absolución.