El conjunto de los aragoneses acumulan una deuda de 7,3 millones de euros con la Seguridad Social en concepto de prestaciones cobradas que, en realidad, no les correspondían. El dato aparece reflejado en el 'Informe sobre gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)' correspondiente al ejercicio 2014, elaborado por el Tribunal de Cuentas.

La provincia de Zaragoza es la que más subsidios irregulares acumula, algo más de 4,7 millones. Le siguen Huesca (1,8 millones) y Teruel (736.000 euros). A nivel nacional, el órgano fiscalizador afirma en su escrito que hasta 328 millones de euros en ayudas públicas se han repartido de manera equívoca.

Estas deudas proceden de la concesión precipitada de ayudas de lo más variado, aunque la mayor parte proviene de prestaciones por bajos ingresos. También destacan las deudas de ciudadanos que ingresaron ayudas por desempleo, de viudedad, orfandad, residencia o paternidad. El Tribunal de Cuentas contabiliza un total de 347.513 expedientes en toda España, de los que 7.645 corresponden a beneficiarios aragoneses.

En sus conclusiones, la fiscalización señala que "como consecuencia del control de la compatibilidad de los ingresos del pensionista con la percepción del complemento a mínimos establecido por el INSS, se está reclamando lo percibido indebidamente con dos años de retraso a la fecha real de su percepción, lo que supone un riesgo de cobro indebido en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar del complemento en los casos de reincidencia".¿Pensionistas fallecidos?

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas indica que "el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión presenta deficiencias, debido fundamentalmente a las carencias de información que sobre defunciones le remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce de informático. Estos no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos".

Según el informe, el Tribunal de Cuentas detectó que 29.321 pensionistas supuestamente fallecidos siguieron cobrando su pensión en 2014 por un importe de al menos 25,3 millones de euros solo en la nómina de diciembre de ese año. "El INSS -añade el texto- no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control".

La Seguridad Social niega de plano este extremo. En nota de prensa, el Ministerio de Empleo explicó que el control de las defunciones se hace por cuatro vías complementarias. Sin embargo, no niega el reparto indebido del resto de prestaciones.

Las lagunas en el control de fallecidos determinan, según el órgano fiscalizador, que "durante el periodo 2012-2014 han prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10.284.000 euros".