El Juzgado de Instrucción número 1 de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza) investiga un presunto fraude relacionado con la venta de coches con el cuentakilómetros manipulado, con varios centenares de perjudicados a los que supuestamente se les estafaron cientos de miles de euros.

En la causa figuran como investigados (antiguos imputados) los propietarios de dos talleres ubicados en La Almunia de Doña Godina y en Zaragoza, a los que se responsabiliza de connivencia en la presunta estafa llevada a cabo.

Al parecer, el responsable del taller de La Almunia se encargaba de vender los vehículos que previamente eran manipulados en Zaragoza para rebajar el número de kilómetros y conseguir así una tasación más alta.

Las investigaciones permitieron determinar, además, la existencia de talleres de Zaragoza, Teruel, Soria y La Rioja que se habrían servido de los servicios del taller de la capital aragonesa para alterar los cuentakilómetros de vehículos destinados a la venta.

El titular del órgano instructor acordó a principios de este año inhibirse a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de Madrid al entender que era sólo de su competencia lo investigado en La Almunia y no todo lo descubierto en el taller de Zaragoza.

Los Juzgados Centrales rechazaron la inhibición al entender que los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa denunciados se habían perpetrado en la capital aragonesa, y que no podía acreditarse que existiese un acuerdo entre los dueños de los 76 talleres implicados.

La cuestión fue elevada al Tribunal Supremo, que recientemente acordó resolver la competencia para instruir el caso en favor del juzgado de La Almunia de Doña Godina.

Según el alto tribunal, es competencia exclusiva de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales la investigación de fraudes susceptibles de producir una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, así como a una generalidad de personas de distintas comunidades autónomas.

El Supremo rechaza desvincular el argumento referido a la procedencia diversa de los afectados por el presunto fraude del referido a las afecciones a la economía nacional, que descarta dado el montante total de la supuesta estafa.

También rechazan los magistrados del alto tribunal que la causa sea compleja y subrayan que la única dificultad aparente es la identificación de la totalidad de perjudicados.