A pesar de la paralización de la actividad parlamentaria por las vacaciones, la Comisión de Hacienda sigue reuniéndose, ya que tiene que dar el visto bueno a todos los plurianuales y modificación de presupuestos que superan el medio millón, según establece la Ley de Presupuestos en su artículo 4. Se votaban ayer más de sesenta expedientes por un montante de 43 millones, pero solo uno de ellos no salió aprobado por unanimidad: la partida para costear la devolución del 25% de la paga extra de 2012 a los empleados de la Universidad de Zaragoza, un gasto que asumió la propia institución y que ahora el Gobierno tiene que restituir. Parte de ese dinero, un total de 1.354.500 euros, se va a devolver a la Universidad a través de una modificación presupuestaria que alcanza al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y a grupos de investigación, una decisión que no gustó a Podemos, que votó en contra.

El diputado de la formación morada Héctor Vicente manifestó su desacuerdo "en el dónde, no en el qué". "Hay que pagar la extra y devolver los fondos que ha puesto la Universidad. Pero nuestro grupo considera inadmisible que se haga a costa de la investigación", declaró. Según Vicente, el presupuesto para el CITA no creció respecto a 2015, mientras las partidas para grupos de investigación incluso habían caído unos 700.000 euros este año. "Si un presupuesto es aprobado con una serie de premisas como la firme apuesta por la innovación, no puede quedarse ahora en agua de borrajas", concluyó Vicente.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Alfredo Sancho, explicó que parte de ese dinero iba a ir dirigido a actuaciones que, finalmente, no se llevarán a cabo en 2016, por lo que podía disponerse de él. Respecto a la partida de los grupos de investigación, Sancho señaló que "primero habrá que asegurar al personal de la Universidad su sueldo", e informó de que los grupos de investigación tienen cubiertos sus gastos.

Tanto PP como Ciudadanos y PAR afearon a Podemos su actitud. "Votamos a favor porque con toda la crítica que se pueda hacer del origen de estas partidas, hay que reconocer que se tiene que hacer el pago", dijo el popular Antonio Suárez. Por su parte, Javier Martínez, de Ciudadanos, pidió "más coherencia política" ante lo que consideró "una costumbre que está empezando a ser continua de no cumplir acuerdos". De la misma manera, la diputada del PAR Elena Allué criticó una situación que, en sus palabras, resulta "paradójica y significativa". "Estamos aprobando las modificaciones los que no apoyamos los presupuestos. Y los que los aprobaron están votando en contra", reprochó a Podemos.

Por su parte, el Departamento de Innovación e Investigación explicó tras la Comisión que en ningún momento se perderán partidas para I+Dpor destinar fondos antes asignados a investigación al pago de la extra en la Universidad. La consejería que dirige Pilar Alegría defendió el retorno de este dinero a la institución, ya que han sido de los últimos funcionarios en cobrar ese 25% de la paga de 2012, y matizó que el CITA está captando nuevos fondos y autofinanciándose. También defendió que no pueden dar ayudas a la investigación y que sus efectivos no cobren lo que les corresponde.

El resto de expedientes

Todo el resto de montantes que se llevaron a la comisión de Hacienda fueron aprobados por unanimidad. Se trataba de 62 expedientes de gasto plurianual, entre los que destacaron dos que superaban los siete millones de euros: uno para la adjudicación de plazas en residencias para personas con discapacidad, dependientes y mayores en riesgo de exclusión; y otro, una póliza de seguro de responsabilidad civil para la Administración de la Comunidad y sus organismos públicos. También pasaron la convocatoria de subvenciones en material de cooperación para el desarrollo del año 2016 (2.000.000 euros) o el suministro de vigilancia del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (2.701.280 euros). Esta última Consejería es la que más expedientes remitió para su tramitación (39, por un total de 22,24 millones), seguida de la de Sanidad, que presentó 16 documentos por una suma cercana a los 5 millones.