Intecsa advierte al juez de que la fianza del caso Plaza le aboca al cierre antes del juicio

Si el juez del caso Plaza no reconsidera su decisión y suspende la fianza de 140,6 millones de euros que impuso a Intecsa-Inarsa, la consultora de ingeniería estará condenada antes del juicio. De ello advierten los abogados de la compañía al magistrado José Ignacio Martínez en un escrito que presentarán hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza y en el que piden la suspensión de una medida cautelar que consideran "desproporcionada". A través del mencionado documento, al que ha tenido acceso HERALDO, la defensa recuerda al instructor que Intecsa-Inarsa facturó el año pasado 18 millones de euros, por lo que el abono de una fianza tan elevada le supondría "la muerte civil" y le abocaría al cierre antes de celebrarse el juicio y poder defenderse.

En el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 1 de marzo, el juez sitúa al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril al frente de una trama que valiéndose de sospechosas "maniobras" alteró la adjudicación y contratación de las obras de urbanización del complejo logístico hasta disparar su coste en 150 millones de euros. Como la sociedad dejó de abonar las últimas certificaciones, se calcula que el ‘agujero’ final fue de 140,6 millones. Por ello, esta es la cantidad que el instructor del caso exige a los ocho principales encausados, entre los que además de Becerril figuran el ex director técnico de Plaza Miguel Ángel Pérez Cervantes, los exgerentes de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, así como el que fuera director facultativo y empleado de Intecsa-Inarsa Nicolaas Groeneveld.

La presunta implicación en este millonario sobrecoste de varios directivos de Acciona, MLN e Intecsa-Inarsa es la que ha llevado al magistrado José Ignacio Martínez a declarar responsables civiles subsidiarias a estas tres importantes empresas. Y es para garantizar el abono de las indemnizaciones, en caso de que finalmente se les condene, por lo que el juzgado ha abierto piezas separadas de responsabilidad patrimonial, no solo a los acusados sino también a las tres compañías.

El juez lleva varios meses comprobando la solvencia de cada uno de los encausados, así como las posibilidades que tienen de afrontar la elevada fianza que les ha impuesto. Solo en el caso de que el patrimonio de estos no alcance los 140,6 millones de euros habría que pedir el dinero o los correspondientes avales a los responsables civiles subsidiarios: Acciona, MLN e Intecsa-Inarsa. Pero dada la relevancia de la suma, todo apunta a que finalmente será necesario hacerlo.

La preocupación de los abogados de Intecta-Inarsa es precisamente esa, que se les obligue a responder por una cantidad que sobrepasa con creces las dimensiones de la compañía. Máxime, dicen en su escrito, cuando "no ha existido el juicio de ponderación que debe acompañar a toda resolución judicial limitadora de los derechos fundamentales". Y dicen esto porque no comprenden cómo el juez exige a la empresa pagar semejante fianza cuando ni la Fiscalía la considera responsable civil subsidiaria (como sí lo hace con Acciona y MLN).

Plaza y la DGA, que están personadas también como acusación particular en el procedimiento, sí que han pedido que Intecsa-Inarsa vaya a juicio y se siente en el banquillo como responsable civil subsidiaria. Pero la consultora recuerda que la primera ha propuesto lo mismo para otras 8 sociedades, mientras que la segunda ha hecho lo propio con un total de 14. "No entendemos por tanto cómo en el auto de 1 de marzo de 2016 solo se menciona a tres y no a las demás", dicen sus abogados.

Para la defensa, tampoco es comprensible que el Gobierno aragonés cifre en algo más de 2,7 millones "los honorarios indebidos" que presuntamente se embolsó Intecsa-Inarsa, y que el juzgado la exija 140,6. Por todo lo expuesto, ruega al instructor que haga valer la "trayectoria intachable" de la compañía y le exonere del abono de la fianza.