La crisis ha hecho que estemos más pendientes de las facturas, de las comisiones, de las cláusulas abusivas... Eso ha hecho subir la cifra de consultas", dice Yolanda Castello, que atiende a los ciudadanos en la Oficina de Información al Consumidor de la Ribagorza, que tuvo sedes en Benabarre y Castejón de Sos pero ahora solo conserva presencia en Graus.

Al igual que otras de estas oficinas aragonesas, tanto comarcales (OCIC) como municipales (OMIC), la de la Ribagorza ha tenido que asumir un aumento de la afluencia de gente necesitada de asesoría al mismo tiempo que veía ir mermando sus fondos, procedentes en gran medida de las ayudas del Gobierno de Aragón.

Este año, los presupuestos autonómicos destinan 150.000 euros a estas oficinas, justo la mitad que en 2015. Además, la convocatoria no ha salido todavía porque, según explican desde el Gobierno aragonés, la Ley de subvenciones de Aragón ha hecho necesario elaborar nuevas bases reguladoras para su concesión, que no han estado listas hasta el 17 de junio. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales asegura que ya tiene preparada la convocatoria de subvenciones de 2016, que ahora está en Intervención y saldrá publicada pronto.

El de este año no es el primer recorte. Meritxell López, que se ocupa de la OCIC del Maestrazgo, opina que la reducción de 2016 puede ser "un serio problema" porque desde 2008 ha crecido de forma "muy notable" la demanda de atención de los ciudadanos pero la financiación de las oficinas ha bajado hasta un 75%.

Lo mismo cree Marisa Sesé, de la OCIC de Campo de Cariñena, para quien el recorte "afectará y mucho" al servicio prestado. "Ya se había solicitado un aumento de horas de atención, habida cuenta de la progresión en el número de ciudadanos a los que se atiende, y la respuesta fue la falta de presupuesto", dice. En algunos casos, el aumento de consultas ha sido enorme, como en la OCIC de Monegros, que ha pasado en cinco años de 217 a 1.200.

Y no basta con poner más gente: quienes atienden la oficina han de estar al corriente de la cambiante normativa. De ahí que sea precisa "la formación continua de sus responsables, ya que para poder informar y tramitar con solvencia cualquier consulta o reclamación es absolutamente necesario estar actualizado en los conocimientos en esta materia, de lo contrario no solo se puede caer en la inoperancia sino que, además, se puede perjudicar seriamente a reclamante o reclamado por errores en la información", explica Joaquín Martínez, responsable de la OMIC del Ayuntamiento de Teruel, que da servicio comarcal y atendió en 2015 cerca de 4.500 consultas.

Con alguna excepción (como la de Zaragoza, que cuenta con 5, o la de Huesca, con 2), la gran mayoría de las oficinas están atendidas por una sola persona, a veces un funcionario municipal que ha de repartir su tiempo con otras áreas. Esa precariedad hace que, si surge algún percance, el servicio pueda llegar a desaparecer, como ocurrió el año pasado en el Bajo Martín, donde solo se registraron 9 consultas por la ausencia de la responsable a causa de una baja.

En algunos casos, solo se presta servicio presencial un reducido número de horas y días, como ocurre en la Ribera Baja del Ebro, donde la empresa Gesaes envía una persona a Quinto dos miércoles al mes de 9.00 a 14.00 (aunque hay asistencia telefónica mañana y tarde de lunes a viernes). Incluso hay oficinas, como la de Utebo, que exigen cita previa (la atiende la asociación Aicar-Adicae y solo se recibe los martes).

Cubrir mucho territorio con escasa población y bastante envejecida dificulta también las cosas. "Ahora trabajamos mucho ‘on line’, pero no hay internet al alcance de todos y hay personas mayores que no se manejan. A través del fax y con escáner y correo electrónico se pueden hacer prácticamente todos los trámites, y los ayuntamientos nos echan una mano, pero habría que conseguir eliminar la brecha digital", dice Yolanda Castello.