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Aragón

La DGA ha atendido a 367 personas dependientes más en junio

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha señalado que el IAI se está pagando a tiempo.

María Victoria Broto este viernes
María Victoria Broto.
HA

El Gobierno de Aragón ha atendido durante el mes de junio a 367 personas más, 2.250 más que hace un año, "con todas las dificultades que tenemos" con el Ejecutivo central, ha informado este jueves la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien ha sido interpelada por la diputada del PP, Ana Marín, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Broto ha señalado que la hoja de ruta del Departamento es el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, subrayado que es una norma "excelente, de segunda generación".

Ha apostado por revisar el catálogo de servicios sociales, aunque ha puntualizado que "nos encontramos con una herramienta un tanto oxidada y hemos tenido que reducir y abrillantar", teniendo en cuenta que "los servicios sociales han estado en el corazón de la política de este Gobierno; lo han estado siempre, pero en este momento es fundamental".

Se ha quejado de que "para desarrollar el sistema público de servicios sociales hemos tenido que comenzar, en algunos casos, bastante de cero, por no decir menos algo".

Broto ha expuesto que este sistema contempla unos servicios directos y otros concertados, añadiendo que "lo fundamental es que todos los aragoneses tengan acceso" a los mismos.

La consejera ha enumerado algunas medidas ya adoptadas, como la agilización del pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que ahora se paga "sin ninguna demora", así como la aprobación de un Decreto de medidas urgentes de emergencia social, pobreza energética y acceso a la vivienda, el incremento del convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza de 5,5 a 7,6 millones de euros, el convenio con los proveedores de energía y el impulso al proyecto de ley de renta básica.

Además, se ha aprobado la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios, se ha modificado la composición del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales y del Consejo Aragonés sectorial, y se ha presentado el mapa.

Broto ha respondido, también, a una pregunta de la diputada de Podemos, Amparo Bella, a quien ha informado de que la Comisión de Reclamaciones del IAI ha valorado en total 190 peticiones, estimando 15, y este miércoles se ha reunido, tratando 32 quejas. "Estamos pagando el IAI", ha insistido.

Asimismo, en respuesta a una pregunta de la diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, la consejera ha indicado que el Gobierno de Lambán ha incrementado un 12% el presupuesto del IASS y ha implementado diferentes medidas. Ha considerado que las políticas desarrolladas por la coalición PP-PAR en el anterior Ejecutivo tenían como consecuencia la aparición de una "gran pobreza" y su cronificación.

"Muy largo"

Ana Marín ha preguntado a la consejera por el Catálogo de Servicios Sociales, del que ha dicho que el Ejecutivo anterior, de Luisa Fernanda Rudi, trabajó en su desarrollo elaborando unos documentos "que al final no vieron la luz", y ha recordado que el PSOE se comprometió en mayo de 2015 a implantar la Ley de Servicios Sociales.

"Esto empieza a ser muy largo", ha lamentado la parlamentaria del PP, quien ha recordado que sigue pendiente la elaboración los planes estratégicos de servicios sociales, condicionados a la aprobación del mapa sectorial.

También ha preguntado sobre las prestaciones tecnológicas y los planes sectoriales. "No se pueden dar falsas expectativas", ha continuado Marín, quien ha recalcado que la hoja de ruta del PP es el cumplimiento de todas las leyes. A juicio de Marín, el talón de Aquiles del Gobierno de Javier Lambán es "el tiempo que utilizan para hacer las cosas".

Amparo Bella ha dicho que la gestión del IAI se ha agilizado "gracias a la presión social" y que se están beneficiando de esta prestación 27.000 aragoneses, aunque "hay gente que se queda fuera", alertando de que el 25 por ciento de las familias aragonesas sigue en situación de exclusión social y pobreza. Ha señalado que estos días están llegando a la Comisión de Reclamaciones quejas de 2015.

Elena Allué ha criticado la retención de créditos por valor de 56 millones de euros primero y 89 después, así como la paralización de "toda la inversión" del Departamento.

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