El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este miércoles una iniciativa del PAR para luchar contra la morosidad que sufren las pequeñas y medianas empresas, también por parte de las grandes sociedades, ya que son el "último eslabón" del entramado de la contratación pública y se ven "absolutamente desamparadas".

La diputada del PAR Elena Allué ha advertido, al respecto, que las sociedades del Ibex pagan a sus proveedores en plazos muy superiores a los 77 días de media que tardan en pagar las administraciones a sus proveedores, en concreto 171 días, el triple de lo marca la ley (60 días).

Ha concretado que en determinados sectores los retrasos son aún mayores, como el inmobiliario y de la construcción, de 291 días, servicios y comercio, de 269, o industrial, de 222.

Para el PAR, estas cifras son injustas, desorbitadas y insostenibles y si las administraciones tardan de media en pagar 77 días lo lógico es que las empresas que contratan con la administración no paguen a sus subcontratas en plazos mayores.

La tardanza de la administración en pagar "no es excusa" para que las grandes empresas demoren el pago a sus subcontratas de una manera "desproporcionada", ha dicho Allué, quien ha subrayado que la propuesta de su grupo se dirige a las pymes y autónomos, el 95 por ciento del tejido empresarial aragonés, para protegerlos y quitarles ese "peso" que "lastra su competitividad".

En virtud de esta propuesta, que ha recogido una enmienda de las tres presentadas por el PP y la planteada por Podemos, las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que reclame al central la modificación del artículo 228 bis de la Ley de Contratos del Sector Público para que obligue, y no sólo faculte, a la comprobación por parte de la administración contratante del estricto cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas y proveedores.

A instancias de Podemos, se ha incluido en este punto la obligación establecida conforme a derecho de no empeorar las condiciones de trabajo de sus empleados respecto a las establecidas en el convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.

También a que aporte relación detallada de subcontratistas y proveedores con las condiciones de subcontratación referidas al plazo de pago.

Asimismo, los grupos han apoyado, salvo el PP, que se ha abstenido, que estas obligaciones figuren en el anuncio de licitación y en los pliegos y que se consideren condiciones esenciales de ejecución, así como que los adjudicatarios aporten un certificado de la asociación empresarial sectorial representativa de la Comunidad acreditando que la empresa oferente cumple con los plazos de pago establecidos en la ley.

Los grupos han respaldado también por unanimidad instar al gobierno central a modificar la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales con el fin de establecer un catálogo de infracciones y sanciones.