Menores agresivos y víctimas de la violencia conviven cada vez más tiempo

El 30% de los menores del COA superan los dos meses de estancia máximos permitidos por ley, según el informe del Justicia de Aragón.

Una de las protestas llevadas a cabo por los educadores del COA.
Una de las protestas llevadas a cabo por los educadores del COA.
Aránzazu Navarro

Niños y jóvenes que no pueden vivir con su familia. Este es el perfil genérico de los 200 menores que pasan cada año por el Centro de Observación y Acogida (COA), ubicado en la provincia de Zaragoza. Sin embargo, las circunstancias de cada uno son muy diferentes. “Bajo el mismo techo viven inmigrantes que han llegado solos a Aragón, menores procedentes de familias que no tienen capacidad económica para mantenerlos, aquellos que han sufrido abusos sexuales, violencia familiar, e incluso, los que han agredido a sus progenitores”, sostiene Javier Itxaso, portavoz del colectivo Educadores en Lucha. Todas estas situaciones se pueden dar de manera individual o se pueden unir con otros problemas de salud mental o consumo de sustancias. 


“El COA tiene como objetivo acoger a los chavales, de entre 6 y 18 años, que llegan al circuito de protección”, explica Itxaso. En este punto, el objetivo es analizar la situación familiar y del menor para tomar las medidas oportunas: que vuelva a casa, llevarlo a un centro especializado... Por ello, la legislación limita a un mes el periodo que pueden estar cada uno de ellos, aunque da la opción de prorrogarlo hasta dos por diversas circunstancias.  El problema se enquista cuando estos menores, con circunstancias tan diversas, tienen que vivir bajo el mismo techo durante meses.


Según el informe sobre la situación de los menores en Aragón, elaborado por el Justicia de Aragón, si en años anteriores solo un 15% de los usuarios superaban los dos meses de estancia, a finales de 2015 se fijaba en un 30%. “Esta situación se produce por la escasez de plazas prevista para menores con importantes problemas de conducta”, detalla el documento. No es lo mismo estar en un centro con otras personas con problemas opuestos durante 15 días o un mes; a mantener esta situación en el tiempo. “Hay alguno que ha llegado a estar hasta 9 meses en el centro”, puntualiza Itxaso.

Efectos en otros menores  

Fruto de esta dificultad para encontrar plaza, no son extraños los casos en los que después de estar varios meses en el centro, vuelven con sus familias y, pasado un tiempo, reingresan en el COA. “Al no tener un servicio especializado para cada uno; hay algunos que entran en un círculo de desesperación porque no tienen la respuesta que necesitan”, sostiene Itxaso. En estos casos, a pesar de las actividades que se realizan en el centro para conseguir normalizar la situación, el menor puede involucionar con el paso de las semanas y algunas familias prefieren que vuelva a casa.


En esta situación se encuentran dos jóvenes que han vuelto al COA por segunda vez“El problema está en la estructura del servicio de menores, que no responde a las necesidades actuales”, matiza Itxaso. Además, hay que tener en cuenta el efecto que pueden tener en los más jóvenes. "En algunas ocasiones, pese a estar en un centro residencial de protección, los más pequeños tienen que convivir con momentos de violencia física o verbal", puntualizó el colectivo Educadores en Lucha en una nota. En ella, también especificaron que se producen casos en los que estos niños copian o secundan situaciones de riesgo como fugas, consumos de sustancias tóxicas, violencia verbal, delitos o peleas.


Respecto al tema de las fugas, Itxaso recalca que el COA es un centro abierto; “es un lugar de convivencia, como lo es una casa”. Por ello, no es inusual que algún chaval se escape de vez en cuando. “Tienen permisos para ir al colegio, para realizar actividades de tiempo libre... y puede que no regresen directamente. Además, al igual que un colegio, siempre hay alguno que saltn la valla”, reconoce. 


A pesar de que el COA es un edificio que está dividido en dos zonas (una dedicada a niños de entre 6 y 14 años y otra hasta la mayoría de edad), “en el fondo, están puerta con puerta”. “Es muy grave que estos comportamientos de menores que reingresan en el centro estén afectando a los más pequeños, porque una vez que se están fuera del centro, lo que ocurre es incontrolable”, lamenta Itxaso, quien puntualiza que todas estas situaciones también se producen en otros centros de menores de Aragón.

Obligados a salir de Aragón a centros terapéuticos

Toda esta problemática comenzó hace más de tres años cuando se elaboró el acuerdo marco, que tenía por objetivo concertar un determinado número de plazas (152) y su tipología. “Se ha puesto de manifiesto que se han quedado cortos en cuanto a centros especializados que puedan tratar las enfermedades de salud mental, la adicción a sustancias tóxicas, o minusvalías. En este sentido hay pocas plazas y se tarda mucho tiempo desde que se valora al menor y se autoriza el recurso”, especifica el propio informe del Justicia de Aragón.


Además, muchas de estas plazas se encuentran fuera de la comunidad autónoma, ya que como sostienen desde Educadores en Lucha, en Aragón no hay un centro terapéutico. “Los Olivos se cerraron hace unos cuatro años y ahora envían a los jóvenes a otras zonas como Navarra, Madrid, Almería o Málaga”, recalcan.


Desde el punto de vista de Educadores en Lucha la solución pasa por “cumplir la legislación (que los menores solo estén un máximo de dos meses en el COA), que el Gobierno de Aragón elabore un nuevo acuerdo marco y concierte un mayor número de plazas y que haya una mayor flexibilidad para responder a las necesidades de los menores porque todos ellos son víctimas a las que hay que ayudar”.

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