El Supremo abre la vía para que un mutilado sea reconocido como víctima de terrorismo
Un grupo de chicos encontró en 1961 un paquete con dos bombas en el Canal Imperial y les explotaron en las manos. El Alto Tribunal acepta su recurso ante el archivo de la Audiencia Nacional.
Juan Luis Serrano puede ganar su "guerra jurídica" al Estado para ser reconocido como una víctima de terrorismo, tras perder sus manos al estallar dos bombas en el Canal Imperial en 1961. Un 26 de diciembre sufrió el efecto de la explosión, junto a cuatro adolescentes más, cuando iban a buscar regaliz cerca de la Quinta Julieta.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de asumir su recurso de casación contra el archivo dictado por la Audiencia Nacional en 2015. Por eso, ha aceptado los argumentos del mutilado, que reclamó a la Sala de lo Contencioso la aplicación de la última ley de las víctimas de terrorismo, que aprobó el Gobierno Zapatero en 2011, que retrotrajo el primer atentado de ETA a 1960 (Begoña Urroz, de 22 meses, al explotar una bomba en la estación de ferrocarril en Amara, Guipúzcoa).
"Además, según el artículo 3 de esa ley, bastaba con que la explosión alterarse la paz social y no hace falta que fuera reivindicada por un grupo terrorista para ser reconocido como víctima", esgrime Juan Luis Serrano, abogado de su propio caso y un histórico defensor de la causa de los mutilados.
Serrano había recurrido una primera vez, pero la Audiencia Nacional lo denegó porque la ley de víctimas de terrorismo de 1999 establecía que el primer atentado terrorista de ETA fue en 1968 cuando murió el guardia civil José Ángel Pardines en Leioa (Vizcaya). En esta segunda oportunidad, la Dirección General de Ayudas a Víctimas de Terrorismo y Atención Ciudadana del Ministerio de Interior le denegó su derecho a ser indemnizado como víctima de terrorismo.
"Había reclamado información al Ministerio de Defensa sobre la situación del polvorín, las armas que tenían y los soldados que trabajaban allí. Estaba entre el cementerio y el Canal Imperial por donde estaba el paquete rodeado con dos ejemplares del periódico La Nueva España (del 26 y 27 de abril de 1949) y atados con liza", destacó Serrano.
Recuerda que el juez José de Luna Guerrero fue el instructor del caso y luego pasó a presidir la Audiencia Provincial de Zaragoza. "Me vino a ver al Hospital Provincial donde me llevaron con las manos ensangrentadas. El juez dijo que nadie se atrevía con los militares", señaló. "Ahora, pedí fueran localizados los dos guardias civiles que hicieron la investigación de la explosión, pero la Dirección General de la Guardia Civil me respondió que no pudo localizarlos", añadió.
En el informe oficial que firmó un teniente, señala que eran dos bombas de mano Breda, usadas en la guerra civil y de dimensiones reducidas, las que los cinco chavales manipularon. Juan Luis arrojó una de ellas a lo alto y esperó con las palmas hacia arriba para recogerla. Al choque con ella sobrevino la explosión y resultaron lesionados los cinco menores (de 9 a 12 años).
