"Los pescadores no pueden anteponer su disfrute al respeto de los ecosistemas"

Ecologistas en Acción defiende la sentencia del Tribunal Supremo que amplía el Catálogo de Especies Invasoras.

Siluro capturado en aguas aragonesas.
Siluro capturado en aguas aragonesas.
V.S.

Cientos de aragoneses se manifestaron el pasado 5 de junio en Madrid contra la sentencia del Tribunal Supremo que amplía el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. La misma fue emitida en marzo, pero su origen se remonta a 2013. Fue entonces cuando varias organizaciones (Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos) recurrieron los cambios que, a petición de las comunidades autónomas, se introdujeron en la lista elaborada por el Ejecutivo central.


En Aragón, el Gobierno que dirigía Luisa Fernanda Rudi consiguió que la carpa y la trucha arcoiris fuesen excluídas de los planes de control por su repercusión económica en la pesca deportiva. Sin embargo, tres años después, estas dos especies figuran entre las 100 exóticas invasoras más dañinas del mundo. Dato lanzado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que, sumado a diversos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, condujo a la cúspide del poder judicial a revisar el antiguo catálogo.


"El Tribunal Supremo consultó con especialistas y se llegó a la conclusión de que ambas suponen una amenaza grave para las especies autóctonas. En nuestro territorio, la carpa transmite enfermedades y la trucha arcoiris acaba con la del Pirineo", explica Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción Aragón, y subraya que "es imprescindible lograr reducir su presencia".


Por ello, la nueva normativa prohíbe que se puedan criar, comercializar o pescar sin darles muerte. "Se permite que sean capturadas, pero no devueltas; ahí surge la polémica con los pescadores. Ellos quieren anteponer su disfrute personal al respeto de los hábitats y ecosistemas", continúa Iturbe, haciendo referencia a la modalidad deportiva: "Esta práctica tan concreta debería contar con puntos de recogida de los peces. La administración está en la obligación de colocarlos en las zonas más transitadas. Así se evita que los pescadores tengan que transportar sus capturas en los vehículos".


En su opinión, tal problema, más que en la pesca de la carpa o la trucha arcoiris, se da en la del siluro. "Es comprensible que dé pereza montarlos al coche o llevarlos a mano durante varios kilómetros. Pero lo que no se puede tolerar es que esta especie siga acabando con peces que se comen insectos como la mosca negra, por poner un ejemplo. Después llegan las plagas que cuestan elevadísimas cantidades de dinero", lamenta.


En ese sentido, añade que "a pesar de que ya formaba parte del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras antes de la reciente decisión del Tribunal Supremo, el siluro se podía capturar y soltar en aguas aragonesas". También otras especies como el black bass o el lucio, 'indultadas' por el Plan General de Pesca. De ahí que la nueva sentencia contemple que aquellos puntos en los que la pesca deportiva es decisiva dispongan de un periodo de transición. "Se les dará un tiempo hasta que puedan adaptarse a la nueva situación. La culpa la tienen las administraciones, que no han informado bien de las legislaciones y sus efectos; no quienes han invertido en negocios que ahora pueden perder", concluye Iturbe.


En localidades como Mequinenza, Caspe, Chiprana o Escatrón el Mar de Aragón es el principal motor económico. Solo las licencias y los permisos de acceso a los cotos mueven más de un millón y medio de euros anualmente.

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