El Gobierno central amenaza con llevar al Constitucional el veto a la duplicidad de carreras

El Gobierno central en funciones amenaza con llevar al Tribunal Constitucional cuatro de las últimas leyes aprobadas en esta legislatura por las Cortes de Aragón. En concreto, cuestiona distintos preceptos de la ley de presupuestos, la de acompañamiento, la de la reforma fiscal y la de emergencia social. Y uno de los aspectos más destacados que pretende impugnar el Ejecutivo del PP es el polémico criterio de no duplicidad de titulaciones entre la Universidad de Zaragoza y la privada de San Jorge.

Esta cláusula, que el Gobierno aragonés defiende como una manera de proteger a los campus de Huesca, Teruel y La Almunia, fue impuesta en la programación universitaria 2016-2020, fijada mediante una orden del Departamento que dirige Pilar Alegría. Durante la tramitación de la ley de medidas fiscales y administrativas (ley de acompañamiento de los presupuestos), Podemos presentó una enmienda para incorporar este veto y recibió el apoyo de PSOE, CHA e IU. De esta forma, se blindaba la normativa. El letrado de las Cortes ya advirtió de que esta actuación podía ser "inconstitucional", si bien recientemente un informe de la Defensora del Pueblo la avaló.

Por su parte, la Universidad San Jorge encargó un informe a Competencia, que estudió la programación universitaria y consideró que podía no ajustarse a ley, y lo llevó a la Audiencia Nacional, que lo admitió a trámite. Aunque aún no ha dictado sentencia definitiva, obligó a paralizar tres puntos de manera cautelar: la cláusula de no competencia y el hecho de que exista una "demanda social" y una "viabilidad económica" para solicitar nuevas titulaciones.

Esta paralización, en cualquier caso, tiene un efecto limitado. Obliga a parar esos tres puntos de la orden de la Consejería, pero se mantienen dentro de la ley de acompañamiento, que ahora el Gobierno central quiere llevar al Constitucional, lo que podría conllevar su suspensión cautelar.

Como en el resto de los casos en que se producen discrepancias entre Madrid y Aragón, antes de interponer el recurso se ha abierto un periodo de negociación de seis meses para intentar alcanzar un acuerdo en el marco de la subcomisión correspondiente de la Bilateral Aragón-Estado.

Pero el del veto a la duplicidad de estudios universitarios no es el único punto de la ley de acompañamiento que pretende recurrir el Ejecutivo central. También ha puesto pegas a otros artículos relacionados con la normativa turística, el procedimiento para la declaración de la Administración autonómica como heredera legal en el caso de fallecidos sin testamento ni familiares, y las deducciones en el IRPF por inversión en empresas de economía social y por adquisición de bonos de transporte público. En el caso de estas ventajas tributarias, la DGA cree que el recurso también tiene una motivación "política", ya que "no hay grandes problemas de índole competencial o constitucional".

En el paquete de recursos que planea presentar el Gobierno de Mariano Rajoy figura también la ley de presupuestos, en lo referente a la bajada de los sueldos de los directivos de empresas públicas para equipararlos a los de los altos cargos del Gobierno aragonés, que Podemos sigue reclamando hacer efectiva. Asimismo, se cuestiona la ley de reforma fiscal por la regulación del impuesto sobre depósitos bancarios (ya anulado en otras comunidades por el Constitucional) y el decreto-ley de emergencia social, que plantea obligar a los bancos a poner en uso sus viviendas vacías.