El IASS ejecutó en 2015 más un millar de medidas a 958 menores que habían delinquido

Cada año, alrededor de un millar de menores de entre 14 y 18 años son detenidos en Aragón. Así lo revelan los últimos anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. Pero no todos ellos pasan por los juzgados. En 2015, 422 menores se pusieron ante un juez en alguno de los cuatro juzgados de Menores (dos en Zaragoza, uno en Huesca y otro más en Teruel) y 303 fueron condenados por delitos penales, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hay quien se preguntará qué sucedió con el resto de los chicos y chicas menores de edad que el año pasado cometieron algún delito, porque las cuentas no salen. Lo primero que hay que señalar es que los menores que cometieron un delito y no pasaron por un juzgado en ningún caso salieron impunes: también fueron atendidos educativamente para corregir sus conductas. Lo hicieron en virtud de acuerdos extrajudiciales, y es aquí donde entra en escena el personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que gestiona todo lo relacionado con chavales que han infringido el ordenamiento jurídico a través de dos equipos: el Equipo de Medio Abierto (EMA) y el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA).

El grueso de la plantilla de ambos se sitúa en Zaragoza (trabajan 13 personas en el EMA y cuatro en el EMCA), porque es en esta provincia donde se concentra el mayor número de delitos. Estos técnicos, todos educadores sociales, junto a sus compañeros de Huesca y Teruel, lograron que el año pasado el 40% de los expedientes que se abrieron en las Fiscalías de Menores de la Comunidad, se cerraran antes de llegar a juicio, con acuerdos extrajudiciales en los que se trabaja con intensidad la faceta educativa.

Antonio Balsa es el jefe del Área de Atención al Menor en Conflicto Social del IASS. Balsa explica que, cuando se llega a un acuerdo, no solo se trabaja con el menor. "Vamos más allá, se hace una intervención socioeducativa con la víctima, con el propio menor y con su entorno familiar", apunta Balsa, que remarca la importancia del trabajo con las víctimas porque "el sistema se olvida de ellas" y ellos intentan, con su labor, beneficiarlas "en todo lo posible".

Todos los casos que reciben en el IASS se estudian de forma individualizada por educadores sociales. Cuando un menor comete un delito, la respuesta ante la infracción se acelera, es casi inmediata, algo que no sucede con los adultos. "Tan solo entre uno y tres meses después de cometerse una infracción, ya se está trabajando con el menor y él tiene la oportunidad de reparar el daño que ha cometido", afirma el técnico del IASS.

El año pasado, los delitos que más se repitieron en Aragón fueron lesiones y hurtos, robos con fuerza y delitos de daños. A nivel nacional este listado apenas cambia, pero sí que hay que resaltar que se cometen muchos delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, infracciones que en Aragón fueron mínimas. De los 422 menores que fueron enjuiciados en Aragón el año pasado, 143 tenían entre 14 y 15 años y el resto, 279, habían cumplido ya 16 y 17 años.

Más de un millar de medidas ejecutadas

A los menores infractores se les aplican medidas de reforma tras celebrarse el juicio y es el juez quien decide su aplicación. En este sentido hay que resaltar que en torno a ocho de cada diez sentencias dictadas el año pasado en los juzgados de menores de Zaragoza fueron de conformidad. Esto quiere decir que los menores enjuiciados asumieron su responsabilidad en los hechos delictivos.

En cuanto a las medidas de reforma, en todo Aragón se aplicaron un total de 1.127 medidas sobre 958 menores de edad (816 en la provincia de Zaragoza, 105 en Huesca y 37 en Teruel). El catálogo de medidas es muy amplio y va desde el internamiento (que puede ser en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico, entre otras modalidades, y se realiza en un único centro de referencia para todo Aragón situado en el barrio de Juslibol) hasta la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamiento ambulatorio, tareas socioeducativas o la convivencia con otra persona o con un grupo educativo, entre otras.

La intervención educativa más habitual, impuesta en 484 ocasiones, fue la reparación del daño causado. La libertad vigilada fue la primera de las medidas judiciales más decretada, 278 veces, mientras que los servicios a la comunidad se impusieron en 156 casos.

El internamiento está considerado el 'castigo' más severo. En sus diferentes variantes fue impuesto el año pasado en 84 casos. Tan solo en cuatro de ellos se decidió aplicar su vertiente más férrea: el internamiento en régimen cerrado. A día de hoy, 26 menores de edad están internados en las instalaciones de Juslibol, que tiene capacidad para 60 personas y nunca se ha llenado.

Al cumplir la mayoría de edad, los infractores pueden elegir sobre su estancia en el centro, aceptando el programa que se les proponga o también pueden solicitar su traslado a un centro penitenciario convencional, aunque es el juez de Menores el que lo decide con la aprobación del Ministerio Fiscal, abogado y la Comunidad Autónoma. Si deciden permanecer en las instalaciones de Juslibol, inauguradas en 2006, podrán estar allí, como máximo, hasta los 23 años. Según las estadísticas del IASS, solo el 33% de los menores sometidos a internamiento reincide al cumplir su medida.

Pero los técnicos del IASS no solo gestionan las infracciones una vez que se han cometido. Desde hace años, conocedores de la fuerza que adquieren las tareas de formación, acuden a decenas de centros educativos para hacer llegar a los menores información sobre su trabajo. El año pasado visitaron medio centenar de colegios (públicos, privados y concertados) e impartieron 233 charlas a unos 4.400 chicos y chicas de los últimos cursos de Primaria y primeros de Secundaria. Los educadores sociales del EMCA, de la DGA están a disposición de todos los centros que requieran su presencia.

Los menores de 14 años sí son responsables

Antonio Balsa hace especial hincapié en la responsabilidad de los menores de 14 años que han cometido un delito. "La sociedad cree que son inimputables y hay personas que ni denuncian porque piensan que no les va a pasar nada. Tienen que saber que no es así y que siempre se hace algo al respecto", valora. En este sentido resalta la importancia de la labor que desempeñan educadores sociales del EMCA.

"Atienden a todos los menores que cometen una infracción y si hay también mayores de 14 años implicados, el EMA colabora para intervenir de la mejor manera con todos ellos ", añade. El número de menores de 14 años que ha cometido algún delito ha ido descendiendo en los últimos años: en 2014 fueron 193 y el año pasado 171. Este año, hasta mayo, ya se habían atendido 108 casos.

Este programa funciona desde el año 2002. Aragón fue pionero en su implantación y solo Cataluña posee un proyecto similar que, según explica Antonio Balsa, funciona a imagen y semejanza del aragonés, al haberse inspirado en nuestro modelo para atender educativamente a los menores infractores de menos de 14 años.