Los fiscales aragoneses han revisado casi 5.500 causas en seis meses, según Justicia

En los últimos meses de 2015, los fiscales de todo el país levantaron la voz para quejarse de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entró en vigor el 5 de diciembre, les obligaba a revisar miles de causas penales en tan solo seis meses. Desde el primer momento, el Ministerio Público avisó de la dificultad que entrañaba este trabajo. El fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, en noviembre del año pasado lo calificó como una tarea "de chinos".

El Ministerio de Justicia cifró el número de casos a revisar en unos 370.000 en toda España, pero lo cierto es que los fiscales siempre sostuvieron que en realidad había muchos más. Este lunes, cuando expiró el plazo que fijó el Gobierno, Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones, informó de que al final habían sido 346.000 los procedimientos revisados. Un día antes, los fiscales, habían comunicado a la agencia Efe que en total habían sido 539.543 causas. La desigualdad entre ambas fuentes de datos es considerable y evidencia una de las muchas discrepancias entre Justicia y la Fiscalía General del Estado en este asunto.

En Aragón, también se da este baile de cifras. El diciembre del año pasado, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, calculaba que en Aragón tendrían que revisarse en torno a 12.500 causas.

Según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Justicia, este lunes en la Comunidad no quedaba ninguna causa pendiente de revisión y, desde el 6 de diciembre pasado, aparecían 5.485 procedimientos como revisados. Por provincias, 4.237 correspondían a Zaragoza, 1.094 a Huesca y 154 a Teruel. 

44.000 causas de todo el país, archivadas

No se sabe con certeza cuántos casos han sido calificados como complejos (18 meses de instrucción prorrogables por otro plazo similar) porque Catalá no supo precisarlo este lunes, aunque días atrás la Fiscalía habló de un 30% del total de casos. De los más de 346.000 procedimientos analizados, unos 44.000 más han sido archivados al no tener autor conocido. Del resto (algo más de 302.000 causas) alrededor del 0,29% están relacionadas con delitos de corrupción.

Más allá de determinar cuantitativamente el trabajo de estos últimos seis meses, lo que sí se puede asegurar es que se ha tratado de una tarea muy laboriosa. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ofreció una rueda de prensa a finales del pasado mes de mayo para agradecer "el enorme esfuerzo". Se destacó "el sentido institucional y el compromiso personal" con los que el personal había abordado la tarea "a fin de garantizar el recto cumplimiento de la ley".

El trabajo continúa

Una vez que han concluido las revisiones, el trabajo no acaba aquí. No se archivarán las causas que no se hayan clasificado como complejas, explicó Madrigal en su comparecencia. Los fiscales diseñarán su estrategia acusatoria en cada uno de los procedimientos. Las labores de calificación para valorar la complejidad de las causas "habrán de tener lugar diariamente", especificó la FIscalía General en un comunicado.

En el mismo documento, dejó constancia de que era necesario que la Secretaría General de la Administración de Justicia se implicara "a fin de posibilitar en el futuro" el adecuado cumplimiento del nuevo sistema de plazos. Y es que a lo largo de las últimas semanas, desde la Fiscalía se quejaron porque los letrados de la administración de justicia (conocidos hasta el año pasado como secretarios judiciales), estaban enviando para su revisión muchas causas que no constaban en las fiscalías territoriales, en algunos casos más de un centenar por jornada, lo que empeoraba una situación ya de por sí complicada. Este extremo fue negado por estos profesionales, que remarcaron su total disposición a colaborar con las fiscalías.

En cualquier caso, Rafael Catalá se mostró este lunes satisfecho con el trabajo realizado. "Se ha cumplido un objetivo complejo. Lo que algunos decían que era imposible pues ha sido posible", dijo el ministro en funciones en comparecencia pública aludiendo a la polémica surgida con la Fiscalía General, que aun en el mes de mayo alertaba de lo difícil que resultaría llegar al 6 de junio con los deberes hechos.

El coste del trabajo realizado ha superado los 1,6 millones de euros, ya que se ha tenido que pagar a 80 fiscales y 117 funcionarios de refuerzo para distribuirlos por 29 fiscalías territoriales.