El grupo del PP en las Cortes de Aragón ha propuesto este martes concertar con los colegios de abogados la asistencia jurídica a las mujeres víctimas de la violencia machista para dar estabilidad y continuidad en el tiempo al servicio.

Sería posible, ha explicado este martes el portavoz de Justicia del PP, Fernando Ledesma, incluyendo los colegios de abogados como corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro en la ley que se tramita en las Cortes para mejorar el decreto ley convalidado el pasado pleno sobre la acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.

De esta forma, ha explicado, se podría adjudicar directamente el servicio como acción concertada por su mero coste, al igual que el servicio a la atención jurídica a inmigrantes, que prestan los colegios de abogados, tiene un fuerte componente social y carece de ánimo de lucro.

Se trata, ha remarcado, de una solución al conflicto entre el Gobierno de Aragón y los colegios de abogados de la Comunidad por el servicio de asesoría jurídica a las mujeres víctimas de violencia, que llevan más de 20 años prestando, después de que el ejecutivo lo haya sacado a concurso público, atendiendo un informe de la intervención, y que ha quedado desierto.

Con el propósito de resolver el conflicto, ha anunciado que el PP presentará una enmienda al proyecto de ley para que los colegios de abogados y profesionales puedan, como entidades sin ánimo de lucro, ser beneficiarios de la acción de concierto directa.

Así se daría estabilidad y continuidad a un servicio a las mujeres víctimas de la violencia machista -solo hay un contrato menor temporal que acaba el 31 de julio con la empresa Atenzia, que no ha optado al contrato mayor-, y a los inmigrantes que tienen problemas jurídicos, ya que se podría prolongar por un máximo de diez años.

Según Ledesma, permitiría superar las reticencias de la intervención del Gobierno de Aragón a la posibilidad de adjudicar los contratos del servicio a los colegios de abogados, y por tanto las del presidente del Gobierno, Javier Lambán, y las de los consejeros de Presidencia y de Ciudadanía y Derechos Sociales, Vicente Guillén y Mariví Broto, que defendían "a capa y espada" ese informe.

También las objeciones al respecto del Tribunal de Contratos Administrativos y a la invitación que el Consejo General de la Abogacía hizo a todos los colegios de abogados a recurrir los procesos sobre esta materia que se produzcan en las distintas comunidades.

Para Ledesma, esta solución, sobre la que ha asegurado que tienen una postura favorable los colegios de abogados, acabaría con "cierta obcecación" e incluso "arrogancia" del Gobierno de Aragón, que en su opinión no ha querido dar una respuesta al asunto y se ha limitado a poner "como una pared" el informe de intervención.

Ahora, ha apuntado, queda esperar que el Gobierno "recoja este guante" para dar una solución definitiva a un conflicto que no debía haberse generado nunca.

Ledesma espera que la ley salga adelante tras el verano, lo que haría de Aragón la primera comunidad en incluir a los colegios de abogados dentro de la acción concertada en servicios de carácter social.