El Instituto de Medicina Legal de Aragón será el único de España dotado con máquina de la verdad

La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, ha anunciado este lunes, 30 de mayo, que el Instituto de Medicina Legal de Aragón va a ser el único que va a contar con la conocida como la máquina de la verdad, que analiza la onda cerebral P300, prueba que ya ha sido utilizada en investigaciones judiciales como la abierta contra Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo.

Júlvez ha comparecido ante la Comisión Institucional de las Cortes autonómicas a petición del PP y de Podemos y ha explicado que hasta ahora esta máquina está siendo usada en préstamo, facilitado por parte de la empresa aragonesa que la ha fabricado, y el objetivo es firmar este año un convenio con una entidad financiera, de la que no ha querido decir su nombre, que la va a financiar mediante un sistema de renting.

Según ha explicado, en estos momentos está en fase de mejora, y, fruto de la misma, se va a incorporar, por ejemplo, la medición de la onda cerebral N400. El objetivo es "no estar en precario", ha comentado Júlvez, para sostener que contar con esta máquina "es una inversión rentable" por el trabajo que permite realizar y que "tiene reconocimiento en todo el territorio nacional" por lo que "es prestigio para el Instituto".

Dentro de las mejoras que hay que introducir, la directora general ha comentado que este centro es el único de sus características de España que no posee una unidad de atención a víctimas de violencia de género, a las que, no obstante, "se atiende y se interviene en la evaluación del riesgo", ha aclarado.

En este punto, ha subrayado que "es necesario modificar el plan estratégico de modernización" del centro, para incluir esa unidad, "para que se adapte a la realidad social" y "así poder sacar una estadística concreta" de la Comunidad y adoptar las medidas oportunas. PLAN

La directora general ha comentado que el plan de modernización se presentó en abril de 2014, pero cuando ella llegó en julio de 2015 a este cargo "no se había desarrollado ni una sola letra", cuando ahora se ha publicado el convenio con las funerarias y se ha adaptado su actividad a la ley del Seguro.

Júlvez ha explicado, por un lado, que las funerarias "se comprometen a hacer un servicio de guardia para poder hacer la recogida de cadáveres y el traslado al Instituto de Medicina Legal sin coste" para las familias, y por otro, ha se han establecido los precios públicos cuando se piden pruebas de parte, mientras que hasta ahora el coste "lo soportaba el Instituto".

La directora general ha precisado que al modificarse la ley de Seguros, "se sacan de los procesos judiciales las lesiones que antes se producían en accidentes de tráfico y se establece un procedimiento extrajudicial para reclamar por esas lesiones", donde se le da la competencia a los forenses "para actuar de una forma semiprivada, con precios públicos".

Por otro lado, Júlvez ha dicho que "se está estudiando el marco jurídico adecuado" para suscribir un convenio con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón "para facilitar el acceso de los médicos forenses a los historiales médicos de los pacientes" y también para dotar al Instituto de aparatos de radiología que ya no se usen en la sanidad "porque los cadáveres no necesitan los mismos requisitos" en estas pruebas.Elección del director

La directora general ha explicado que el anterior director de Instituto renunció voluntariamente a este puesto, que ocupaba por comisión de servicios, como el actual, si bien "para aceptar su renuncia le exigí que propusiese a un sucesor, de acuerdo con el consejo de dirección" del centro.

Según ha dicho, "podía haber elegido a la persona que tenía que ostentar ese cargo", pero "considero que el Instituto de Medicina Legal tiene entidad suficiente y autonomía tal que hay que empezar por reconocérsela" y por eso "me pareció mucho más prudente abstenerme de designar a dedazo a nadie y que fuese el consejo de dirección quien propusiese a la persona que asumiese el cargo".

Por otro lado, ha aclarado que "esta directora general no entra en la distribución de las guardias", sino que el Instituto tiene un sistema para hacerlo, para aclarar que "los jefes de servicio no actúan con arbitrariedad, sino que adoptan decisiones con sometimiento a una normativa".

También ha informado de que ha habido cinco expedientes disciplinarios abiertos en los últimos dos años, todos contra una médico forense y en "el último de ellos, del viernes pasado, me hicieron la propuesta de resolución por una falta muy grave y dos faltas graves". En total, en el Instituto trabajan 64 personas, 38 de ellas médicos forenses y el resto auxiliares de laboratorio, auxiliares de autopsias y miembros del cuerpo de gestión procesal.