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La DGA adjudica contratos por 9 millones a una empresa investigada por corrupción

Inaer, concesionaria de los helicópteros para la extinción de incendios forestales, estaría implicada en una supuesta red de amaño de precios en varias comunidades.

El Gobierno de Aragón acaba de adjudicar por más de nueve millones de euros dos contratos para la extinción aérea de incendios forestales a la empresa Inaer, investigada por su presunta participación en una red de amaños de contratos de este tipo con distintas comunidades autónomas y que alcanzaría incluso a Portugal e Italia.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico no ven problema en volver a contar con los servicios de la mayor compañía española del sector después de un accidentado proceso de tramitación debido a los reparos planteados por la propia empresa para intentar hacerse con el único de los tres lotes que no consiguió, licitado por otros 5,5 millones. Además, a día de hoy la DGA descarta que Aragón haya sido uno de los escenarios de esas supuestas prácticas corruptas con anteriores gobiernos en el Pignatelli, ya que Inaer ya resultó concesionaria en 2008 y en 2012. Igualmente, opera el helicóptero de transporte sanitario y emergencias del 112 y trabaja para el Ministerio de Medio Ambiente, del que depende la BRIF de Daroca.

El anterior contrato caducaba en 2015 y para entonces ya habían saltado las alarmas en torno a la citada firma. La investigación arrancó en Valencia, a raíz del caso de presunta corrupción que le costó el cargo al delegado del Gobierno en esa comunidad, Serafín Castellano. Al parecer, el popular, detenido hace un año y que también fue consejero de Gobernación, pertenecía y favorecía al denominado ‘cártel del fuego’, un grupo de empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales que habría pactado precios e influido en las adjudicaciones públicas. El presunto fraude podría superar los 100 millones de euros obtenidos acordando ofertas bajas para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían, supuestamente, sobornando a cargos públicos.

Entre las investigadas se encontraría Inaer, cuya sede central, en Muchamiel (Alicante), fue registrada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) el pasado enero. Hay al menos ocho autonomías implicadas. Se trata de la propia Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Cataluña. De hecho, esa operación, que se saldó con más de una veintena de detenidos, incluyó decenas de registros simultáneos, incluidas sedes de los Bomberos en Barcelona. Valencia anunció de inmediato que revisaría todos los expedientes firmados por la Generalitat. Y en Galicia, un juzgado también abrió en 2015 una investigación a raíz de las irregularidades detectadas por el Consello de Contas.

"En Aragón no hay nada raro"

Pero en Aragón ni el anterior Gobierno PP-PAR ni el actual PSOE-CHA vieron motivos para examinar los contratos entre la DGA e Inaer. "No nos han pedido información ni ha habido aquí implicaciones, no hay nada raro de momento", señaló el director general de Gestión Forestal, José Ramón López Pardo. Por su parte, fuentes de la compañía eludieron pronunciarse alegando que "se trata de una investigación policial", por lo que rechazaron facilitar "ningún dato al respecto".

Eso sí, López Pardo reconoció que, pese a que el contrato que expiraba en 2015 se podría prorrogar por un año, ante las sospechas surgidas, se decidió lanzar uno nuevo para tres campañas (de 2016 a 2018) "por si había alguna duda". "Se modificó el pliego y se ha bajado el presupuesto. Queríamos mejor tecnología y libre competencia", explicó. Eso sí, dejó claro que la empresa investigada por corrupción "cumple los requisitos legales para presentarse" y que todo el proceso ha sido supervisado por los servicios jurídicos.

La convocatoria se publicó en octubre mediante tramitación urgente y se resolvió a primeros de marzo. Inaer se llevó dos de los tres lotes (en uno de ellos, el más jugoso, que supera los 8 millones, no tuvo competencia), pero quedó segundo, por un estrecho margen, en la valoración de las ofertas, por detrás de Rotorsun. Y cuando estaban a punto de firmarse los tres contratos, Inaer recurrió la adjudicación de ese lote ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, lo que causó "enfado y malestar" en la DGA. El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, decidió suspender, a la espera de que se resolviera la impugnación, la formalización de los otros dos lotes que se llevó Inaer, ante la posibilidad de que hubiera que revisar también esos procesos. Y mientras, hubo que hacer una tramitación provisional de emergencia con las dos concesionarias para empezar a incorporar los helicópteros a las bases.

Multa de 1.000 € por "mala fe"

Finalmente, el Tribunal Administrativo desestimó el pasado mes de abril el recurso al considerar que no hubo arbitrariedad en la valoración de las propuestas. Pero no solo eso, sino que además, y a petición de la empresa afectada, Rotorsun, este órgano impone a Inaer una multa de 1.000 euros por "mala fe", ya que "los motivos del recurso son claramente infundados y evidencia temeridad en su interposición", además de retrasar "indebida e injustificadamente" la tramitación del contrato, "con los correspondientes perjuicios" al Gobierno de Aragón.

Tras este pronunciamiento, que no ha sido recurrido, el consejero Joaquín Olona dictó una nueva orden para levantar la suspensión de la adjudicación de los dos lotes correspondientes a Inaer, por lo que se ha podido reactivar el proceso administrativo para completarlo, informaron fuentes de Desarrollo Rural.

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