Aragón se dotó hace tres años de una ley del Fuego que no cumple, lo que equivale a que, a día de hoy, residir en un pueblo o en otro de la comunidad suponga un mayor o menor riesgo para la vida de sus habitantes en caso de que sufran un accidente o un incendio. Los bomberos profesionales de todos los parques aragoneses se han unido para defender un servicio público de "calidad" que "no discrimine" entre ciudadanos de "primera, segunda o tercera categoría" en función de su lugar de residencia. Para ello, recientemente crearon la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón (ABPA), que ayer presentaron en Zaragoza.

La situación que expusieron sus portavoces es grave, sobre todo teniendo en cuenta que de lo que se habla es de salvar vidas: guardias con un solo bombero, tiempos de llegada al lugar del siniestro muy superiores a los 35 minutos establecidos por la ley, parques (como el de la Litera) con horario de oficina ­–de 8.00 a 15.00 y cerrado los fines de semana y festivos–, deficiente coordinación, atomización de servicios, intrusismo profesional y proliferación de las estructuras basadas en la figura del voluntariado.

El problema no es baladí y, como ejemplo de las consecuencias que tiene mantener un servicio así, citaron el accidente ocurrido el 2 de abril en la A-23, en Ferreruela de Huerva (Teruel), donde chocaron dos camiones. Al lugar acudió un solo bombero, pues era el único que estaba de guardia presencial (había otro localizado) en el parque de Calamocha. "Poco o nada podría haber hecho él solo para excarcelar a los conductores si hubieran quedado atrapados", señalaron ayer. Pero, por falta de coordinación, tampoco se avisó al parque de Daroca, que estaba más cerca. La Diputación de Teruel cuenta con 63 bomberos funcionarios de carrera repartidos en tres parques.

Otro de los casos en el que piensan que la falta de personal y el modo de organización pudo influir en el desenlace fue el accidente registrado el 19 de enero en Sariñena, donde un trabajador cayó desde unas pilas de pacas de alfalfa y cuando lo rescataron los bomberos profesionales ya había muerto, como explicaron ayer.

Por eso consideran que poner en marcha la ley y exigir su cumplimiento es fundamental para evitar casos como los citados. Sin embargo, los decretos de desarrollo de la ley están recurridos por las diputaciones, a las que otorga la competencia de la extinción de incendios y emergencias (salvo en las ciudades de más de 20.000 habitantes, que es municipal).

Rodrigo Olmos explica que especialmente grave es el caso de Huesca, cuya diputación se niega a asumir la competencia por falta de medios. En esta provincia, solo el 30% de sus intervenciones se cubren de forma inmediata con guardias presenciales de 24 horas los 365 días del año. La comarca de Monegros carece de parque y solo tiene voluntarios.

Voluntarios remunerados

Precisamente la figura del personal voluntario es cuestionada por los profesionales porque entienden que no tienen la formación adecuada y, paradójicamente, están remunerados. "Y en algunos casos comparten este trabajo voluntario con otro en el Ayuntamiento, como en Jaca, donde el gasto de 10 brigadistas asciende a 90.000 euros al año", expuso Daniel Robles. Resaltaron, además, la contradicción de la DPH al alegar falta de dinero para no asumir la competencia cuando "todos los años subvencionan con 740.000 € la formación de voluntarios".

La Diputación de Zaragoza, a pesar de ser la mejor dotada, tiene parques en los que no se cumple el mínimo de personal y zonas con ratios superiores a 35 minutos. Muchas veces tienen que echar mano de los Bomberos de la capital –cuya plantilla acumula 200 vacantes desde 2009–, sobre todo en accidentes en el entorno de Zaragoza, como la N-232 o la N-II.