Las diputaciones exigen a Interior que retire la orden que limita los eventos en carretera

La decisión del Ministerio del Interior de limitar las pruebas deportivas y otros eventos que transcurren en carreteras interurbanas –como romerías y encierros– a una por provincia y día ha provocado el rechazo tajante de federaciones de ciclismo y atletismo, clubes, municipios e instituciones. De hecho, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) aprobó ayer una declaración en la que insta a la Administración central a rectificar y permitir la realización de estos eventos. Una petición muy similar a la que aprobó la diputación turolense en su último pleno. Por su parte,la semana que viene se presentarán mociones en la institución provincial de Huesca para pedir la retirada de la medida.

La instrucción que ha generado la discordia, remitida a través de una circular interna desde la Dirección General de Tráfico a todas las agrupaciones de la Guardia Civil, afirma que "no se podrá celebrar más de una prueba deportiva (de carácter competitivo o no) o cualquier otro evento que pueda afectar a la fluidez de la circulación o la seguridad vial que precise servicios de escolta o vigilancia, por subsector y día, por razones operativas".

No obstante, sindicatos como la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncian que la medida responde a"una importante carencia de personal debido a las políticas erráticas del Gobierno". Además, recuerdan que en 2011 el Ejecutivo central"se comprometió a alcanzar los 11.000 efectivos, y en la actualidad hay poco más de 8.000".

En Zaragoza, si se atiende solo a los eventos de carácter deportivo, se celebran unas 90 pruebas al año, de las cuales 60 son de ciclismo y 30 de atletismo, aunque el auge de estas dos modalidades hace que vayan en aumento. Además, a estas cifras habría que sumar romerías y otras fiestas que impliquen ocupar la carretera. Algunas de estas pruebas deportivas son ya veteranas, como la carrera ciclista Virgen de la Peña en Calatayud, que este año alcanza las 40 ediciones, o la ruta Vino de las Piedras, que desde hace 35 años recorre las tierras del Campo de Cariñena. También la subida a Rodanas, en Épila (35 años) o la carrera 10K San Lorenzo, en Maella (33 años).

Al ver amenazada la organización de todos estos eventos, la Junta de Portavoces de la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó ayer un texto en el que piden a Interior que"rectifique y arbitre las medidas oportunas para que se puedan seguir desarrollando, en condiciones de seguridad, las actividades que venían realizándose en años anteriores".

Los representantes en la DPZ del PP, PSOE, Grupo en Común, Ciudadanos, CHA y PAR consideran que la orden aprobada "repercutiría muy negativamente", ya que esta clase de eventos supone un rédito económico y"contribuyen decididamente al turismo, el comercio y a los valores naturales de la provincia".

También en la Diputación Provincial de Huesca PSOE y Cambiar han anunciado que presentarán sendas mociones en el pleno de la próxima semana para exigir al Ministerio que retire la medida. El socialista Francisco Mateo, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, calificó la circular de "barbaridad y disparate", y criticó los perjuicios que puede causar en una provincia como Huesca, donde se celebran cerca de mil acontecimientos deportivos al año. Y fue más allá preguntando si en muchos pueblos donde la carretera es la calle principal" se van a poder celebrar las cabalgatas de Reyes Magos o un simple entierro".

A su juicio, la solución pasa por mantener las fórmulas que se han utilizado hasta ahora,"con una colaboración entre la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil...". También Luis Arduña, portavoz de Cambiar, incidió en las consecuencias negativas para la economía y la promoción turística y cultural de Huesca,"porque estas pruebas mueven a miles de personas, muchas de ellas de fuera, con lo que eso significa respecto a pernoctaciones, comidas, visitas turísticas..."

En Teruel, la decisión ha provocado una ola de indignación en el medio rural. Veinte entidades –entre clubes deportivos, ayuntamientos y comarcas– solicitarán una reunión con el subdelegado del Gobierno, José María Valero, y el delegado Territorial de la DGA, Antonio Arrufat, para buscar una solución que evite la anulación de pruebas. Por su parte, Arrufat anunció que se reunirá el próximo lunes con José María Valero para buscar una"solución". Desde Subdelegación del Gobierno mostraron también su disposición a buscar una salida pero señalaron que"lo primero es garantizar la seguridad vial".

En paralelo, la indignación vecinal se trasladó al último pleno de la Diputación Provincial de Teruel, que aprobó por unanimidad una declaración institucional que insta al Ministerio del Interior a"modificar" la orden con el objetivo de que"se puedan seguir haciendo" las actividades. PP, PSOE, PAR, Ganar y CHA sumaron sus votos para proponer a la Subdelegación del Gobierno que, en caso de que el Subsector de Tráfico no disponga de plantilla para vigilar todos los eventos, se encargue la supervisión a las patrullas rurales o a Protección Civil.