La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha presentado las novedades de la convocatoria de ayudas a inquilinos 2015-2016 que se extenderá hasta el próximo 20 de junio, a la que se destinan 4.703.153 euros.

Este año se han introducido novedades para garantizar que se concede el total del presupuesto y para ampliar el perfil de personas que pueden optar a estas ayudas, informa el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Se trata de una ayuda con la que se subvenciona, como máximo, el 40 % del precio del alquiler y hasta 1.800 euros por vivienda y para poder optar a la misma el inquilino debe cumplir con el pago del alquiler con el arrendatario y contar con unos ingresos mínimos.

Entre las novedades destaca que para poder optar a estas ayudas a inquilinos la unidad de convivencia debe superar el 0,5 del IPREM (3.727,57 euros al año de la unidad de convivencia), un mínimo que garantiza que puedan optar a las ayudas las familias que reciben prestaciones sociales.

Según la citada nota, se espera que las ayudas puedan alcanzar a unas 4.500 unidades de convivencia, y de esta medida estarán exentas aquellas mujeres que sean víctimas de violencia machista.

Mayte Andreu ha destacado que el objetivo es que estas ayudas "mejoren la calidad de vida de personas que cuenten con una situación económica delicada y evitar que puedan quedar en situaciones de mayor vulnerabilidad en un futuro".

En los casos de ingresos cero, la respuesta habitacional deberá ser dada desde los servicios sociales o a través de la bolsa de vivienda social teniendo en cuenta que el primer paso es la regularización de la situación y la percepción de ayudas sociales.

Otra novedad es que las ayudas no se podrán conceder a aquellas personas que ya cuenten con una vivienda de la bolsa de alquiler social a las que, según ha explicado Andreu, "ya se les ha puesto un alquiler asumible en función de su situación económica", con lo que se pretende evitar duplicidad en las ayudas y que se puedan beneficiar más personas.

Para Andreu se trata de cambios importantes con los que pretenden que "se pueda gastar todo el presupuesto disponible, algo que no ha ocurrido en convocatorias anteriores".

"Si el beneficiario no puede hacer frente a su parte del alquiler, desde la administración no podremos justificar la subvención, por eso se ha modificado el perfil de las personas que pueden ser perceptoras de las ayudas", ha dicho.

Además ha recordado que no tienen libertad "absoluta" ya que dependen de unas condiciones que marca el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central y la convocatoria se ha adaptado en lo que ha sido posible y "con las dificultades en cuanto a plazos que nos vienen derivadas" del Gobierno central.

Las personas beneficiarias de estas ayudas las recibirán por un plazo de 9 meses con la fecha de 1 de abril como inicio y el total de las ayudas se recibirán en varios pagos agrupados.

Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y dentro del Plan de Inspección puesto en marcha este año por primera vez, se realizarán inspecciones para garantizar que los perceptores de las ayudas cumplen con los requisitos presentados.

En Zaragoza se destinarán un total de 3.527.365 euros, en el Alto Aragón 705.473 euros y las comarcas de Teruel 470.315 euros.