Aragón permitirá a las entidades prestar servicios sociales por conciertos

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley que permitirá concertar servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro sin que tengan que concurrir a contratos, un avance "importante" que evitará que estos colectivos tengan que competir en precio con empresas privadas y que prima la calidad.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha explicado este decreto ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha comparecido junto al consejero de Presidencia, Vicente Guillén.

Broto ha explicado que el decreto, que habrá que regular y que ha sido presentado a las entidades sin ánimo de lucro que lo demandaban, permite la fórmula de conciertos para la prestación de los servicios sociales y sanitarios.

Hasta ahora estos servicios se prestaban mediante servicios propios del Gobierno o mediante contratos con entidades sin ánimo de lucro o sociedades mercantiles y lo que plantea este decreto ley es que las entidades sin ánimo de lucro se puedan hacer cargo, mediante la acción concertada, tanto de la gestión de centros, como de prestaciones o servicios, según ha indicado la consejera.

Ello significa que estas entidades sin ánimo de lucro "no tendrían que plantearse la contratación", un proceso en el que, hasta ahora, había cláusulas sociales para que estas entidades sin ánimo de lucro pudieran tener "la posibilidad de competir en mejores condiciones con las sociedades mercantiles", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que lo que cambia ahora es que se evita que estos colectivos tengan que pasar por un proceso de contratación, ya que, en ocasiones se tenía en cuenta el precio a la hora de adjudicarlos.

"Se garantiza que las empresas sin ánimo de lucro tengan preferencia en la contratación", ha subrayado Broto, quien ha calificado de "importantísimo" este avance, al tiempo que ha señalado que se trata de que estas entidades puedan llevar a cabo estos servicios "y no tengan que competir en precio con empresas privadas".

La novedad es que se pasa de un sistema que reconocía un simple derecho de preferencia a las entidades sin ánimo de lucro y que planteaba numerosos problemas de aplicación a otro que permite reconocer el valor social y la función que realizan estas organizaciones en el ámbito de los servicios a las personas, han indicado fuentes del Gobierno aragonés.

El decreto señala que este modelo llega respaldado por la normativa y jurisprudencia europea que permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas.

De esta forma, según la nueva norma, las administraciones competentes podrán gestionar la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario bien a través de gestión directa o con medios propios, mediante gestión indirecta con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público o mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

La consejera no ha dado plazos para el desarrollo de este decreto ley que hará que regular y ha destacado que las entidades sociales a las que se les ha presentado lo han valorado porque es una demanda que planteaban "desde hace tiempo".

A su juicio, es destacable que entre el Gobierno y las entidades sin ánimo de lucro se crea una "relación de confianza", así como el hecho de que, con el desarrollo de este decreto ley, se garantizará la mejor atención a las personas que tengan que percibir servicios sociales o sanitarios.

Sobre la posible aplicación del mismo al servicio de asesoría jurídica a las mujeres, ha respondido a los medios que habría que "afinar bien y valorarlo", toda vez que ha lamentado que el Colegio de Abogados no se haya presentado a la convocatoria abierta para cubrir este servicio.