Podemos advierte de incompatibilidades de Olona por su vinculación con dos empresas

El grupo de Podemos en las Cortes autonómicas ha presentado dos escritos dirigidos al Gobierno de Aragón y al presidente del Parlamento, Antonio Cosculluela, en los que solicita que se aclare la posible situación de incompatibilidad entre el cargo público y las actividades privadas del actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo, Joaquín Olona, por su vinculación con dos empresas del sector ambiental y alimentario, que de confirmarse supondría "una grave irregularidad".

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón han indicado que el consejero se desprendió de todas sus responsabilidades y acciones en esas compañías en julio de 2015, cuando asumió su responsabilidad en el Ejecutivo autonómico.

La portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que poseen "sospechas de incompatibilidades que dejan bastante que desear desde el punto de vista ético, además de que incumplen la ley" y por eso han pedido información, para estimar que el Gobierno debe dar explicaciones.

Díaz ha comentado que el pasado 10 de mayo apareció publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil que Olona había dejado el puesto de presidente del consejo de administración de la empresa Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar S.A. (Quasar) el 28 de abril de este año, cargo que pasó a ostentar su hermana, María Jesús Olona Blasco, mientras que él se mantiene como apoderado.

Podemos ha precisado en una nota de prensa que este cambio se produjo "pocos días después de la dimisión del exdiputado de Ciudadanos en las Cortes, José Luis Juste, al descubrirse que dirigía una empresa en Panamá que no figuraba en su declaración de intereses y actividades".

Además, la formación morada ha indicado que según el Boletín del Registro Mercantil (Borme) Olona sigue figurando como miembro del consejo de administración la empresa Ingeniería Estudios y Servicios S.A. (Inesa), que ofrece servicios especializados de ingeniería y consultoría de impacto ambiental, trazabilidad alimentaria, auditoría energética e ingeniería de infraestructuras, entre otros.

Asimismo, "podría seguir desarrollando actividad como director comercial de Quasar, empresa dedicada a la consultoría en el ámbito de la alimentación, el medio rural y el medioambiente y que pertenece a la propia Inesa".

La portavoz de Podemos ha manifestado que el Ejecutivo "tiene que demostrar que esto no es correcto o hay algún tipo de fallo" ya que esta es la "información oficial" y "nos fiamos del Boletín Oficial del Registro Mercantil".Mismo sector

Podemos ha aclarado que según la ley del Presidente y del Gobierno de Aragón los miembros del Ejecutivo deben ejercer sus funciones con dedicación exclusiva y, en consecuencia, no pueden desarrollar ninguna otra actividad pública o privada, con independencia de que sea remunerada o no.

En el caso de Olona, "tanto Inesa como Quasar realizan su actividad exactamente en los mismos campos en los que el consejero desempeña su cargo público", de forma que si esto "se confirma", "la posibilidad de flujo de información y actividades" haría que "fuera más que considerable que dimitiera".

Díaz ha añadido que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "es el último responsable del nombramiento" y por eso ha reclamado que "salga a aclarar la actividad laboral de este consejero".Competencia directa

El grupo de Podemos ha resaltado que el consejero de Desarrollo Rural preside las empresas públicas de Sarga y Aragonesa de Gestión de Residuos, "que compiten directamente en el mercado de las mismas áreas que las empresas privadas de las que forma parte". También es miembro del consejo de administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, el holding de empresas públicas del Gobierno autonómico.

Al respecto, la formación morada ha subrayado que los artículos 11 y 12 de la Ley de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas "son muy claros" e indican que estos "no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado".

En esta misma ley, se prohíbe la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad públicos.Declaración

Podemos ha sostenido que en caso de que Olona forme o haya formado parte de estos consejos de administración, estas actividades privadas deberían figurar en la declaración presentada en el Registro de Intereses de las Cortes autonómicas tras su toma de posesión ya que la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón recoge que los miembros del Gobierno tienen obligación expresa de presentar declaración de su patrimonio ante la Mesa de las Cortes.

En ella, deben figurar sus bienes, derechos y obligaciones, así como cualquier actividad que le produzca ingresos, referida en el momento de la toma de posesión. Por eso también han pedido esa información en el Parlamento autonómico.

La portavoz de Podemos ha sostenido que el Ejecutivo "vende la ética y la transparencia como bandera y ha presentado una ley" en este ámbito por lo que ahora "tendrá que aclarar" esta situación, que "esperamos que no sea como sospechamos" ya que "uno no puede hacer política de cara a la galería" y luego "tener un consejero que no cumple".

Por su parte, desde el Ejecutivo autonómico han asegurado que la asamblea general de la empresa Inesa aprobó el 2 de julio la renuncia de Olona a todos sus cargos. Esto último consta en un escrito realizado ante notario por el consejero, en el que también figura que se desprendió de las participaciones de todas sus empresas, documento que tiene fecha de 21 de julio de 2015.

Desde el Gobierno de Aragón han detallado, no obstante, que la comunicación al registro corresponde a la empresa y que se ha podido producir un retraso o error, algo que no es responsabilidad del consejero.