El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha defendido en las Cortes autonómicas su informe de 2015, del que ha destacado la asunción de dos de cada tres sugerencias que llegó a trasladar a las instituciones. Una de sus conclusiones es la caída de los expedientes relativos al bienestar social, de un 7%, gracias a la mejora de la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), aunque esta área sigue concentrando el mayor número de asuntos. Al mismo tiempo, han aumentado las quejas por la subidas de impuestos, un15%, centradas en las revisiones catastrales por considerarse “elevadas y desajustadas al valor real y de mercado”.

García Vicente ha concretado que se tramitaron 2.285 expedientes nuevos a lo largo del ejercicio, lo que supuso un descenso de casi el 9% respecto a 201. Tras las relacionadas con el ámbito social, las quejas más numerosas fueron las educativas, que motivaron 235 expedientes. En concreto, el Justicia ha destacado la necesidad de plazas en las escuelas infantiles y de unificar la oferta pública en una sola red. También ha valorado que se haya tenido en cuenta la sugerencia de primar la cercanía del domicilio al centro escolar en el proceso de elección y, en el capítulo social, la “inembargabilidad” de las prestaciones y la adopción de medidas contra la pobreza energética.

El área de economía y hacienda sufrió un fuerte ascenso de asuntos, especialmente por las quejas por el incremento de la presión fiscal porque, según ha explicado el Justicia, “el valor catastral de los inmuebles se ha disparado” en algunos municipios. Frente a las 192 quejas de 2014, el año pasado hubo 222, de las cuales el 70% estaba relacionadas con los tributos.

La lista de quejas se completa con las relativas a la sanidad (157) y a los servicios públicos (128). El Justicia ha hecho mención a los 91 asuntos de viviendas, siendo la demanda de vivienda social de alquiler social y las ayudas de urgencia para hacer pagos domésticos los que más suscitaron peticiones de amparo.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios defendieron la utilidad de la institución, ya que supone una de las “señas de identidad” de Aragón y, sobre todo, cumple como “garante de los derechos de los aragoneses”. Los representantes políticos plantearon la necesidad de abordar la situación de “interinidad” en la que se encuentra el Justiciazgo (García Vicente lleva dos años en funciones), así como su reforma para hacer más “ejecutivo”.