La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha manifestado que hasta ahora se han abonado los sexenios a 70 docentes interinos, lo que ha supuesto destinar 300.000 euros a esta finalidad, si bien ha reconocido que "no podemos abordar al cien por cien de los que tienen derecho", aquellos que tienen más de 6 años de experiencia y 100 horas de formación, ya que supondría aportar 5,7 millones de euros.

En respuesta a una pregunta de la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, en el pleno de las Cortes de Aragón, ha explicado que, por ahora, "el abono se realiza a través del reconocimiento individual" de la extensión de los efectos de las sentencias judiciales, "una vez que mediante un auto del juzgado contencioso administrativo se declara la firmeza de la decisión judicial".

La consejera ha aclarado que se trata de "reconocer el derecho individual" de forma que "estamos dando respuesta a todos los que llegan", pero no de forma generalizada, para subrayar la voluntad del Gobierno "de ir devolviendo los derechos a los trabajadores", como se manifiesta tras la decisión de "no recurrir" el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en esta cuestión "como si lo hizo el anterior con tres recursos que perdió".

"Hemos paralizado la vía judicial y lo que hacemos es ir admitiendo" las reclamaciones individuales que llegan, ha añadido Pérez, a quien la diputada de C's le ha pedido que se haga como en otras Comunidades, donde solo es necesario presentar una solicitud ante del Departamento correspondiente.

La diputada ha criticado que se exija "presentar una reclamación judicial" a los afectados, cuando una sentencia del Tribunal Supremo "reconoce el cobro de los sexenios a los interinos", y ha lamentado el "agravio comparativo" que sufren los docentes aragoneses en esta cuestión.

Susana Gaspar ha indicado que esto "supone el pago de unas tasas a las que no todos los que tienen derecho pueden o quieren hacer frente" y le ha pedido a la consejera "cambiar el procedimiento" en vez de "poner trabas a los ciudadanos que tienen derecho a cobrar lo que les pertenece".