El Consejo de Gobierno ha acordado emprender acciones civiles por los desfases en la construcción de diversas naves en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) adjudicadas entre 2004 y 2008 a Codesport, la constructora de Agapito Iglesias, a pesar de que la sociedad pública decidió hace unos días no interponer ninguna acción legal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que el Ejecutivo ha tomado esta decisión, a pesar de que sus servicios jurídicos ponen "ciertamente en duda" que las acciones civiles puedan prosperar, porque desde el punto de vista "ético" es conveniente que se despeje cualquier tipo de duda respecto a la actuación del Gobierno.

Ha subrayado que la sociedad tiene como objeto social rentabilizar su propio patrimonio siguiendo los criterios que marcan sus servicios jurídicos, y entendió que no había motivos para emprender esas acciones civiles por cuanto el coste que le supondría a la sociedad podía ser incluso mayor que la cantidad que se tendría que reponer.

Sin embargo, ha agregado Guillén, el ámbito de competencias del Gobierno es diferente y debe defender el interés general y el patrimonio de la propia comunidad autónoma, de ahí que el Ejecutivo haya decidido emprender estas acciones legales para recuperar en lo que se pueda la cantidad que faltaría por justificar, en torno a 700.000 euros.

Ha hecho hincapié, además, en que la discordancia entre la sociedad y el Gobierno no desautoriza "para nada" a la consejera de Economía, Marta Gastón, que también preside Plaza, al asegurar que sigue teniendo "la total confianza" del presidente de Aragón, Javier Lambán, y del resto del Ejecutivo.

"Si algo ha salido, yo creo que ha sido más reforzada todavía de lo que ya estaba", ha aseverado el consejero, quien ha indicado que "todo se ha hecho hablándolo con ella" y Gastón "ha cumplido con su obligación" como presidenta de la sociedad, haciendo lo que aconsejaba su cargo, y como titular de Economía en el Consejo de Gobierno, votando el acuerdo del Ejecutivo.

En cuanto a la decisión del portavoz del PP en el ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, de elevar este asunto a la fiscalía después de que el consejo de administración de Plaza decidiera no emprender acciones legales, Guillén la ha enmarcado en un intento de "promoción personal" y de "socavar al Gobierno" más que una acción que pueda prosperar desde el punto de vista jurídico.

Según Guillén, la decisión de Azcón "no ha tenido absolutamente nada que ver" con el acuerdo adoptado por el Ejecutivo, que ha estudiado las posibilidades de interponer por este asunto acciones penales, que desaconsejaron los servicios jurídicos, y al final ha decidido acudir a la vía civil, teniendo en cuenta también que los servicios jurídicos consideran que no hay garantías de que se pueda recuperar el dinero que se haya podido detraer.

Ha insistido en que las decisiones adoptadas por la sociedad y el gobierno están avaladas por sus servicios jurídicos y que Azcón ha decidido elevar el asunto a la fiscalía de forma individual y bajo la responsabilidad que tiene como miembro del consejo de administración de Plaza.