Aragón ha dado un paso más para intentar que la norma que impide a las enfermeras recetar (ni siquiera una crema o administrar una vacuna) quede sin efecto. El consejero, que compareció ayer en las Cortes para trasladar los puntos tratados con sus homólogos en la última reunión interterritorial, anunció que Aragón ya ha elevado al Alto Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad. El documento, elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, se basa en que el real decreto de prescripción enfermera invade las competencias de la Comunidad.

El escrito fue el siguiente paso después de que el Consejo de Ministros rechazara un requerimiento que Sanidad había presentado para que el Ministerio diera marcha atrás con esta norma, que tanta polémica ha generado.

La postura del consejero Sebastián Celaya, contraria a la normativa, fue aplaudida por casi todos los grupos de las Cortes. Sin embargo, uno de los puntos por los que más se le criticó fue por el rifirrafe que las comunidades y Hacienda mantienen por el coste de los fármacos de la Hepatitis C (el Ministerio considera como déficit de las comunidades las elevadas cuantías de los tratamientos).

Según Celaya, ya hay un compromiso del Estado para no computarlo y todos los consejeros de Sanidad han solicitado formar parte de las negociaciones que Sanidad mantiene con las farmacéuticas que lo distribuyen, donde se pactan los precios que se pagan.

Itxaso Cabrera (Podemos) fue un poco más allá, y pidió a Celaya los datos de presos con Hepatitis C que no reciben tratamiento. Además, Berta Zapater (PAR) le reprochó la politización de este asunto.

El consejero también se refirió al fármaco Ataluren, que por ahora la Comunidad no financia y que sirve para tratar la distrofia muscular de Duchenne, que padecen tres niños aragoneses. En otras autonomías sí que han accedido a subvencionar este medicamento.

En Aragón, sin embargo, se sigue esperando a que la Agencia Europea del Medicamento diga finalmente si es efectivo, ya que el Sistema Nacional de Salud no lo financia y la Agencia Americana del Medicamento no lo ha autorizado.

Actualización del calendario

Por otra parte, en la reunión del Consejo Interterritorial se aprobó la actualización del calendario vacunal infantil. Los cambios son solo de pauta y se aplican a la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.

A partir del año que viene, Aragón deberá poner a los bebés este pinchazo a los 2 meses, a los 4 y cuando tengan 11 meses. Además, estos niños recibirán otra vacuna contra la difteria, el tétanos y la poliomelitis a los 6 años.

Otro punto que se trató fue el de los refugiados: Celaya aseguró que en la reunión "hubo protestas" porque la cuantía de cien euros por persona para la asistencia sanitaria se considera "ridícula", correspondiéndole a Aragón 41.900 euros. El Ministerio de Trabajo pone más fondos.