Los dos representantes del PP en el consejo de administración de Plaza denunciaron ayer ante la Fiscalía de Zaragoza el sobreprecio millonario que Plaza pagó a Codesport, la constructora de Agapito Iglesias, por otras tres promociones de naves que le encargó entre 2003 y 2008. El portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, y el representante popular por las Cortes de Aragón, el abogado José Luis Blanco, presentaron los 500 folios que suman los informes periciales que constatan un sobreprecio de 2,6 millones, así como el informe de los servicios jurídicos de la DGA que apunta indicios de "malversación de caudales públicos, cohecho y alteración fraudulenta de las condiciones de concurrencia e igualdad en los concursos públicos de adjudicación", entre otros delitos.

En su escrito, Azcón y Blanco apuntan que de la documentación aportada se deduce la existencia de "motivos suficientes" para que la Fiscalía "pueda intervenir y delimitar responsabilidades penales, si las hubiere", de las personas que se citan en los escritos, en referencia al empresario Agapito Iglesias y al que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, desde su fundación hasta su destitución en 2011.

Los dos consejeros del PP en Plaza tomaron la decisión tras la negativa de la DGA a recurrir a los tribunales, que impuso su mayoría en el consejo de administración celebrado el pasado jueves. La presidenta de la sociedad pública y consejera de Economía, Marta Gastón, lo justificó en el mismo informe de los servicios jurídicos, que apunta "importantes dificultades" para ganar un pleito tanto por la vía penal como por la civil.

Dicho documento, de 16 folios, sí aprecia un "conocimiento y voluntad de distraer fondos" de la sociedad pública, pagando más de lo debido en las tres promociones de naves industriales adjudicadas por concurso a Codesport. Dichos trabajos se adjudicaron por 16,4 millones y los informes periciales encargados por Plaza apuntan que se pagó indebidamente 2,6 millones.

El desfase se concentra en dos edificios modulares de naves encargados en septiembre de 2004 y cuyo certificado final de obra se firmó en mayo de 2006. A juicio del perito, Codesport llegó a cobrar casi un millón más de lo que debía al "evadir una importante cantidad de obra durante la ejecución y elevar sustancialmente los precios unitarios" aplicados en las certificaciones. "Según el muestreo, los valores certificados se encontrarían elevados un 234% de media sobre los precios unitarios contractuales", apunta el informe.

Pese a tratarse de un contrato llave en mano, modalidad por la cual se asume el riesgo de un posible sobrecoste respecto al precio de adjudicación, Codesport presentó varios anexos de obra, que inflaron el importe final en 2,2 millones.

No obstante, el informe de los servicios jurídicos de la DGA reduce a 793.615 euros el dinero que realmente se podría reclamar a Codesport en un hipotético pleito. Y lo justifica con las propias cláusulas de los contratos, que no permitirían reclamar el dinero pagado por trabajos no ejecutados, salvo los relativos a la cimentación. En este sentido, añade que resulta "muy difícil" que se consideraran como un "pago indebido".

En el consejo, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a acusar a la consejera Gastón de actuar "con una dilación dolosa por motivaciones políticas" a la hora de encargar y llevar el informe de los servicios jurídicos: el plazo de 10 años para incoar diligencias por la vía penal en el caso de mayor calado expiraba ayer. La presidenta de Plaza negó la acusación, señaló que se tardó lo que costó a los servicios jurídicos emitir su informe y reafirmó su confianza en lo que decían los juristas "por el bien de la sociedad".

El citado documento no toma posición y se limita a valorar la viabilidad del ejercicio de acciones judiciales contra Codesport, incidiendo en las "dificultades" de ganar el pleito e incluso de cobrar en el caso de ganar por la situación de insolvencia de la constructora. Eso sí, abunda en los indicios de delito, lo que llevó al edil del PP y al otro representante del Ayuntamiento en el consejo de Plaza, Fernando Rivarés (ZEC), a defender la adopción de medidas legales. Sin embargo, pese a la posición mantenida en el consejo, Rivarés ha optado por mantenerse al margen. Azcón y Blanco fueron coherentes tras haber defendido que una sociedad pública está "obligada a perseguir los ilícitos penales, cueste lo que cueste".