La decisión del Gobierno de Aragón de sacar a licitación pública la asesoría jurídica a la mujer, que desde hace más de veinte años prestaban los colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel ha llevado a los letrados a plantarse en bloque y anunciar que ya no desempeñarán este servicio a partir del próximo 1 de mayo.

También dejarán de hacer la guardia de 24 horas y 365 días al año de asistencia en juzgados, comisarías o cuarteles de la Guardia Civil a mujeres víctimas de violencia doméstica, agresiones sexuales y otros actos delictivos ajenos a la violencia de género propiamente dicha.

Ambos servicios (asesoría y asistencia) estaban englobados en el mismo convenio que anualmente, desde 1993, la DGArenovaba automáticamente con el colegio. Pero ahora, ha decidido sacar a licitación la asesoría para que opten a su gestión sociedades mercantiles, y hacer un contrato directo con los colegios solo para las guardias. Para los abogados, "romper" este servicio "público" y "delicado" no tiene ningún sentido. Por esa razón y a pesar de que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) les ha instado a que se presenten al concurso, los letrados se niegan.

"No estamos por la labor de concursar con nadie porque no somos ninguna empresa", manifestó ayer Carmen Alquézar, una de las abogadas que hace 23 años impulsó este servicio desde la comisión de mujeres del Colegio de Abogados de Zaragoza.

La letrada explicó que aquel año, cuando no existía ni siquiera el concepto de violencia de género ni ley que protegiera específicamente a las víctimas de malos tratos, la comisión propuso crear una asesoría jurídica para las mujeres. Desde entonces han encontrado consejos legales tanto para afrontar una separación, como un testamento o cualquier consulta relacionada con el Derecho de Familia y el Derecho Civil. También se comenzó a prestar las guardias de 24 horas tanto en las capitales como en las comarcas para atender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales o violencia doméstica.

En estos casos, lo que se hace es acompañar a la víctima a denunciar y se le asesora. Posteriormente, ella elige qué abogado quiere que le represente, pero en ningún caso podrá ser del despacho del que le ha prestado esa primera asistencia y tampoco se les puede recomendar ningún abogado concreto.

"Durante todos estos años se ha prestado el servicio de forma impecable y no hemos tenido ni una sola sanción por una mala práctica", manifestó Alquézar.

Por el momento, hasta que se adjudique la asesoría jurídica, esta la desempeñará la empresa Atenzia, que es la que actualmente gestiona el teléfono gratuito 900 504 405 para emergencias de malos tratos en Aragón.

La razón que el pasado miércoles dio la directora del IAM, Natalia Salvo, durante su comparecencia en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes, para sacar a licitación pública el servicio fue la de atenerse a la "legalidad vigente" tras la entrada en vigor de directivas europeas que endurecen los procedimientos de contratación, algo que no comparten los letrados.