Hacienda da a Aragón hasta 2019 para llegar al déficit cero y sanear sus presupuestos

Montoro retrasa un año la exigencia a la DGA de equilibrar las cuentas y valora que el nuevo escenario es "realista". Gimeno ve "positivo" el acuerdo para 2016. Cree que el próximo Gobierno rebajará el ajuste del resto de legislatura.

El consejero Gimeno, el ministro Montoro y los secretarios de Estado Beteta y Fernández, ayer.
El consejero Gimeno, el ministro Montoro y los secretarios de Estado Beteta y Fernández, ayer.
Enrique Cidoncha

Aragón va a tener un año más para cumplir con la estabilidad presupuestaria y respetar la exigencia de no gastar más de lo que ingresa. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer retrasar de 2018 a 2019 el mandato a las autonomías de que no vuelvan a tener más déficit en sus presupuestos. El acuerdo de ayer flexibiliza los objetivos que había marcado para todo el periodo 2016 a 2019, así que el Gobierno autonómico va a poder preparar los presupuestos del resto de la legislatura con más margen del inicialmente previsto.


El cambio que se ratificó ayer es fijar el déficit de 2016 para las autonomías en un máximo de 0,7% del PIB (frente al 0,3% vigente hasta ahora). Además, se aprobaron nuevos objetivos para los tres años siguientes, retrasando hasta 2019 la exigencia de que Aragón y las otras comunidades te déficit 0 y por tanto consigan el equilibrio de sus cuentas.


El consejero de Hacienda aragonés,Fernando Gimeno, se abstuvo en la votación del déficit para 2016, mientras que votó en contra del marcado para el resto de los años. Según señaló, el aumento del objetivo de déficit de 2016 del 0,3% al actual 0,7% es "positivo, pero insuficiente". En cuanto a las exigencias entre 2017 y 2019, Gimeno no cuestionó tanto las cifras como la "opacidad" del Ejecutivo central en el reparto. Así,Gimeno justificó su voto en contra –que casualmente coincidió con el de todas las autonomías gobernadas por el PSOE y conel de Cataluña– con el hecho de que Hacienda no aclarase qué déficit iba a poner para esos mismos años a la Seguridad Social y al propioGobierno central.


El consejero aragonés se mostró además seguro de que el Gobierno central que salga de las próximas elecciones relajará la senda de déficit marcada para 2017, 2018 y 2019.


Pese al voto en contra de la DGA en la segunda votación, Aragón fue una de las Comunidades más conciliadoras con el Ministerio de Hacienda durante la reunión y fuera de ella. Entre otros motivos, porque la propia Comunidad no cuestiona la necesidad de ir reduciendo el déficit cada ejercicio. Además, Aragón ha sido una de las comunidades que ya ha cumplido con Hacienda y ha pactado un plan de ajuste, además de congelar parte de su presupuesto, mientras que otras autonomías aún están pendiente de hacerlo.


"Estamos aplicando la ley"


El ministro Montoro justificó la presión que está metiendo estas últimas semanas a las comunidades autónomas. "Estamos aplicando la ley", justificó. Además, advirtió a los territorios díscolos –entre los que no está Aragón– de que "tienen la obligación de responder a los requerimientos del Ministerio y de tomar los acuerdos pertinentes".


En el caso de Aragón, la DGA ya ha aprobado la decisión de congelar 85 millones de euros de sus presupuestos de 2016, cifra que cuenta con el visto bueno de Hacienda.


Hay varias autonomías que se han negado a tomar acuerdos similares. Algunas de ellas, como Castilla yLeón, han sido capaces de justificar técnicamente que no era necesario, así que se han librado de hacerlo. Otras –entre las que estánCataluña– se han resistido a congelar parte de su presupuesto, pese a que sí están obligadas. Según dijo ayer Montoro, si no lo hacen en las próximas 24 horas, habrá consecuencias, ya con medidas "coercitivas"."La tercera semana de mayo"

Por otro lado, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, AntonioBeteta, anunció ayer que los proveedores de las Comunidades que tienen ya aprobado su plan de ajuste comenzarán a cobrar el dinero delFondo de Liquidez Estatal "en la tercera semana de mayo". En el caso de Aragón, son los reivindicados 181 millones.

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