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Los alcaldes podrán cobrar hasta 5.800 euros al año por los gastos que conlleva ejercer su cargo

?La DPZ consensúa el plan que también establece un compromiso de conducta y buen gobierno para los ediles de toda Zaragoza.

Los alcaldes podrán cobrar hasta 5.800 euros al año por los gastos que conlleva ejercer su cargo. La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado el plan de asignación económica y compromisos de conducta y buen gobierno para los regidores municipales. En él se establecen no solo las cuantías máximas que puede recibir cada entidad local, sino también los principios por los que deben regirse los ediles.

El presupuesto que destina la institución para este plan es de 1.716.800 euros. Según consta en el plan que hoy publica el Boletín Oficial de la Provincia, la cuantía de la subvención otorgada a los ayuntamientos beneficiarios que lo soliciten "será destinada a financiar los gastos en los que incurra el Ayuntamiento durante el ejercicio 2016". Estos gastos incluyen las retribuciones y costes de seguridad social del alcalde o el miembro de la corporación que tenga dedicación exclusiva o parcial, las asistencias a los plenos y comisiones y los pagos de dietas, kilometraje, atenciones protocolarias y representativas.

Los servicios técnicos provinciales deberán ejercer las actuaciones de control financiero sobre los ayuntamientos beneficiarios para constatar que las partidas se destinan a los fines previstos. Las entidades locales, a su vez, deberán estar al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas, así como acreditar que cumplen todos los requisitos para percibir las ayudas.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas que puedan obtener los beneficiarios para la misma finalidad y que se deriven de otros planes.

Los ayuntamientos que quieran solicitarlo deberán rellenar un modelo de solicitud dirigido al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. El gabinete de presidencia será el encargado después de comprobar que estas reúnen todos los requisitos, se hará un informe jurídico y resolverá una comisión valoradora con representantes de todos los grupos.

Con este plan se busca, entre otras cosas, la "revalorización de la política en el mundo local" tras la "erosión de la confianza de la ciudadanía en la actividad política que se ha ido manifestando en los últimos tiempos", según consta en el preámbulo del plan.

Este también establece los principios de conducta que deben cumplir los cargos públicos (integridad, ejemplaridad, desinterés subjetivo, imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia, honestidad, respeto, actuación diligente y responsabilidad) y los de buen gobierno (a los que se añaden otros como sostenibilidad, descentralización, equidad, igualdad, eficiencia, colaboración, compromiso cívico, defensa de la lengua y seguridad).

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