La propuesta que lanzó el Gobierno en funciones el pasado 2 de abril sobre la posibilidad de acabar la jornada laboral a las 18.00 es bien recibida por los trabajadores aragoneses. En concreto, un 40,7% la considera "bastante interesante" y un 24,9%, "muy interesante". Así se desprende de la encuesta realizada por A+M para Heraldo.es sobre un posible cambio en los horarios de trabajo.

Lo cierto es que, según Eurostat, los españoles acabamos de media nuestra jornada laboral dos horas después que los italianos, hasta tres si nos comparamos con Alemania o los países nórdicos. La crisis, y especialmente la terciarización de la economía según sindicatos y expertos, también ha aumentado la disparidad de jornadas reduciendo en muchos casos las posibilidades de compaginar la vida laboral y personal. Por contra, según el sondeo, el 32,5% valora esta medida como poco o nada interesante, y un 1,9% no se pronuncia al respecto. La propuesta, que ha abierto un intenso debate, ya reconocía la necesidad de un pacto global entre los grupos políticos y los agentes económicos y sociales. Llegado el caso, quedarían excluidos aquellos servicios públicos o empresas con actividad vespertina o nocturna que tengan implantados varios turnos horarios.

En este sentido, la mitad de los aragoneses en activo consultados (51,6%) aseguran trabajar en jornada partida de mañana y tarde; uno de cada cuatro (25,6%) disfruta de la jornada continua de mañanas, la de mayor presencia entre los funcionarios; el 11,3% va a turnos, mañana, tarde y noche; apenas un 4,4% tiene jornada continua de tardes y un 0,7% solo de noches.

Este posible cambio de horario busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar y de ocio. Sin embargo, los trabajadores de la Comunidad reconocen que las empresas españolas ofrecen pocas o ninguna facilidad en este campo. Así opinan el 74,8% de los encuestados, aunque el porcentaje disminuye sensiblemente hasta el 47,1% cuando se les pregunta por su propio trabajo.

Quizá por ello, una clara mayoría (64,5%) apuesta por que sean los gobiernos y administraciones públicas las encargadas de liderar este proceso, adoptando las medidas necesarias para que las empresas faciliten la conciliación. Por contra, un 21,3% considera que es un tema que se debe resolver en el ámbito empresarial.

Según el sondeo, para el 77,1% sería una medida aplicable en su centro de trabajo, frente a un 22,5% que no cree que pudiera llevarse a cabo. En cuanto a los beneficios, para el 48,8% afectaría positivamente, para un 29,6% no supondría mayor cambio, mientras que solo un 11,3% cree que le perjudicaría.