El PSOE logra 8,8 millones más para las comarcas con bronca de sus socios

CHA evita "castigar" a los socialistas tras el pacto con el PP, pero le avisa, y Podemos critica el retraso en negociar.

Luis María Beamonte (con corbata verde), presidente de la comisión, con los portavoces de los grupos.
Luis María Beamonte (con corbata verde), presidente de la comisión, con los portavoces de los grupos.
Guillermo Mestre

Cinco semanas después del primer intento fallido, el Gobierno de Aragón logró ayer por fin el visto bueno de las Cortes a la modificación presupuestaria para pagar a las comarcas los 8,8 millones que les debe de 2015, y que solo podrán destinar a gasto social. Esta es una de las condiciones recogidas en los pactos bilaterales que cerró el PSOE con Podemos y con el PP, convertido en inusual aliado del Ejecutivo de Lambán, algo que les valió a los socialistas un aviso en público de sus socios de CHA en el Pignatelli. Solo los nacionalistas se libraron del fuego cruzado.


Junto con el PAR y Ciudadanos, que mantuvieron su abstención, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, fue el más crítico con el PSOE. Votó a favor, como ya hizo hace un mes, para "no castigar" a sus socios con la abstención, pero expresó su profundo "desacuerdo" con la "relación bilateral" de socialistas y populares para la financiación de las comarcas como la de la justicia gratuita, los clubes deportivos, la concertada y un 25% de la extra de los funcionarios.


"Puede obedecer a tacticismos de la Cámara o extrapolables a Madrid", apuntó Briz, pero "es más políticamente correcto un acuerdo con los que apoyaron el presupuesto". Y avisó de que en adelante su voto no será "automático" y actuará "con total libertad y sin ningún condicionamiento si no se negocian de otra forma".


Héctor Vicente (Podemos) echó en cara al Ejecutivo que "le ha costado casi un año" darse cuenta de que tiene que negociar al estar en minoría, y este mes de retraso ha sido "especialmente dañino" para las comarcas. Resaltó que se han salvado las partidas de violencia machista, protección civil, riadas y el fondo local.


El portavoz socialista en la comisión de Hacienda, Alfredo Sancho, defendió los contactos "simultáneos" con el PP y Podemos "sin ánimo de esconder nada", y rechazó las acusaciones de tactismo de CHA. Sostuvo que el único objetivo era "solucionar una situación" creada "entre todos", aunque el origen, recordó Elena Allué (PAR), estuvo en el bloqueo de los fondos de las comarcas en 2015 para atender otros pagos. "El Gobierno PSOE-CHA nunca debió retener ese dinero", enfatizó.


Por su parte, el portavoz de los populares en la comisión, Antonio Suárez, apeló a su papel de "oposición responsable" para aferrarse a su acuerdo con el PSOE en nombre del "interés general". Reconoció que no han visto satisfechas todas sus exigencias, pero argumentó que en las partidas de donde se detraen fondos la propuesta "no se parece en nada" a la inicial. Obvió que se siguen recortando 1,4 millones de la dependencia, otro millón de ayudas urgentes o 664.000 euros de becas.


"Hemos hecho lo que hay que hacer en política con mayúsculas", replicó Suárez a Javier Martínez (C’s), para quien el PP se ha puesto "medallas de latón" con la justicia gratuita y la concertada, mientras que Podemos "solo ha conseguido estampitas" en unas negociaciones que calificó de "intercambio de cromos".


Martínez acusó a unos y otros de "montar semejante circo para llegar al mismo punto", ya que 7 de los 8,8 millones proceden de gasto social. También Allué reprochó el origen de los fondos: "No queremos ser cómplices de los recortes". Rechazó el carácter finalista, que generará "problemas" para justificar gastos, vaticinó, y pidió a la DGA otros 14,5 millones que calcula que todavía faltarían este año para las comarcas.

La comisión aprobó otras 15 modificaciones por más de 30 millones para contratos con Sarga, investigadores o gestión del centro de internamiento de menores.

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