Cerca de treinta residencias de mayores han cerrado en Aragón en menos de dos años

El perfil de usuario ha cambiado: tienen una mayor edad y son más dependientes.

Los mayores suelen ser, generalmente, los que más servicios por dependencia necesitan.
Los mayores suelen ser, generalmente, los que más servicios por dependencia necesitan.
Luis Ángel Tejedor

Durante estos años, las residencias aragonesas también han sufrido los efectos de la crisis y, como resultado, algunas de ellas han tenido que echar el cierre, ya que la falta de usuarios y la reducción de precios hacía imposible su viabilidad. Según los datos facilitados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) en su proyecto Envejecimiento en red, de diciembre de 2013 a junio de 2015, en Aragón hay registradas 27 residencias de mayores menos. Tal y como detallan estos informes, en 2013 había 286 centros, mientras que menos de dos años después la cifra descendía hasta los 259.


Esta reducción se ha producido casi únicamente en centros privados y de pequeñas dimensiones. Ejemplo de ello es que durante este periodo han desaparecido la mitad de los centros de mayores de menos de 25 plazas, pero por el contrario han aumentado en 7 los de entre 50 y 99 usuarios. De este modo, el número de plazas ha descendido en menos de 200 unidades. "Las grandes residencias apenas se han visto afectadas, mientras que las que han tenido que cerrar son aquellas que tenían unas dimensiones más pequeñas", recalca Juan Urdaniz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón.


No obstante, todos ellos sí que están viviendo los efectos de la crisis económica, la principal causante de que el número de residencias y de plazas haya menguado en los últimos años. "Con la llegada de la crisis muchas familias dejaron de poder permitirse el pago de las residencias, además, en algunos casos, las pensiones se han convertido en el sustento económico de padres, hijos y nietos", recalca Urdaniz. De hecho, según los datos del INE, en 2015 53.700 mayores de 65 años vivían con sus hijos, mientras que dos años atrás esta cifra era un 6% menor. No obstante, esto no significa que todos ellos vivan en estas circunstancias por la crisis económica.


Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa por la Dependencia), también considera que la crisis ha sido la gran causante de los problemas de las residencias. "En estos años, las empresas están haciendo un gran esfuerzo para conseguir mantenerse abiertas y sostener los puestos de trabajo a pesar de la reducción de los usuarios", señala.


La gerente de Arade, que aglutina a decenas de residencias aragonesas, recuerda que en los años previos a la crisis era normal que las residencias estuvieran al 100% de ocupación, e incluso, había lista de espera para conseguir una plaza. Sin embargo, esta situación poco o nada tiene que ver con la realidad de hoy en día. "Ahora es raro que haya alguna residencia en la que no haya plaza de manera inmediata", asegura.


Morata no puede cuantificar cuántos usuarios se han perdido, pero sí que asegura que las zonas rurales están siendo las más afectadas. "Hubo un tiempo en el que fue común construir un polideportivo y una residencia en los pueblos, pero no se pensó en que las personas que vivían allí seguramente preferirían ir a la capital, donde viven sus hijos", explica.


Todo esto ha provocado que las residencias hayan tenido que bajar sus precios para intentar mantener el mayor número de residentes posibles. "Ha sido un descenso generalizado, incluso algunas han puesto un importe que casi era el precio coste del servicio", puntualiza Morata. Además, recalca que algunas zonas, en especial las rurales, han dejado de distinguir entre usuarios válidos o no para poner un importe diferente. "En estos casos, todas las habitaciones tienen el mismo precio independientemente de los cuidados y atenciones que necesite cada uno", explica.

La necesidad se mantiene

Sin embargo, esto no implica que muchos ancianos no sigan necesitando ayudas para el acceso a una residencia. Prueba de ello es que cada vez hay más personas en la lista de espera de la dependencia, que no han podido ser atendidas por los recortes que ha sufrido el sistema público. "Entre 2011 y 2013 se produjo un recorte muy importante a nivel nacional y también disminuyó el dinero dedicado por las comunidades autónomas", explica Gustavo García, miembro del Observatorio para la Dependencia en Aragón. Por ello, no es de extrañar que a principios de 2011 hubiera 3.811 dependientes con atención residencial y en 2015 esta cifra hubiera bajado a 3.410.


"Todo esto se produce en un momento en el que la población aragonesa no para de envejecer. De este modo, aunque se hubieran mantenido los mismos recursos, con el número de personas en esta situación ascendiendo, es como si se redujera la inversión", subraya Urdaniz. Por ello, este año el Gobierno de Aragón dotó de mayor partida presupuestaria al departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, con el objetivo de que el número de beneficiarios volviera a subir. "Ahora lo positivo sería que se concertaran un mayor número de plazas en las residencias privadas para conseguir atender a todas las personas y ayudar a que aumente la ocupación de estos centros", sostiene Morata.

Cambio en el perfil de usuario

El tipo de usuario que decide vivir en una residencia ha cambiado en los últimos años. "Antes había gente que aún estando bien de salud iba a estos centros, pero ahora casi todos acuden cuando no se valen por sí mismos", puntualiza García. Una opinión que comparte Morata. "Había matrimonios que venían por comodidad, solteros y viudos que acudían para no estar solos... Ahora son el sustento de muchas familias y cuando vienen es porque no suele haber más opciones", recalca. 


De este modo, los usuarios de las residencias son menos válidos que hace unos años y más ancianos. "Cuando tienen algún problema físico o cognitivo empiezan con los servicios de ayuda a domicilio, después acuden a los centros de día (sirven para un envejecimiento activo y son más económicos) y después es cuando llega la residencia", explica Morata. 

Otras opciones

A parte de las residencias habituales, en Aragón se están impulsando otros proyectos como las residencias colaborativas. El ejemplo más claro está en Teruel, donde la cooperativa San Hermanegildo (formada por jubilados) está construyendo una residencia para 260 ancianos. Este edificio, que estará finalizado en 2017, constará de 80 apartamentos para válidos y 50 habitaciones para asistidos. Además, tendrá unos 60 o 70 trabajadores. Según detallan, el piso costará 100.000 euros (su propiedad pasará a los descendientes) y la ocupación costará 950 euros al mes o 1.250 si se trata de un matrimonio.


Del mismo modo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) también está explorando otras opciones. De momento, ha puesto en marcha un proyecto de estancias nocturnas para grandes dependientes (grados II y III) en la residencia Romareda. El objetivo es aliviar la carga de muchos familiares que no pueden descansar por la noche por los cuidados que necesita el dependiente. De momento, serán solo cuatro plazas, pero la consejería no descarta ampliarlo a otras residencias si tiene aceptación y funciona.

Modificación de las ratios

Otra de las cuestiones que tienen las residencias encima de la mesa son las ratios de ancianos por cada personal cualificado. De hecho, esta misma UGT llevó unas 7.000 firmas al Gobierno de Aragón, mientras que CC. OO. ha acordado con el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales la creación de un grupo de trabajo que modifique esta cuestión.


Según explicó Ángelica Mazo, secretaria de Servicios Sociales de FSP UGT Aragón, en la actualidad las ratios son “muy bajas” y están fijadas por un decreto “obsoleto” del año 1992, que no distingue la atención a los usuarios por categorías profesionales. Con esta normativa, por cada tres residentes, se establece un trabajador. Por ello solicitan el incremento de personal.

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